Cuando el disciplinario ensaya el archivo: Peinado, Bolaños y la prueba de fuego del CGPJ

La política se cruza con la toga y el expediente administrativo abre una ventana sobre el Estado de derecho y sus mecanismos. El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ha planteado archivar la queja que presentó el ministro Félix Bolaños contra el juez Juan Carlos Peinado, el magistrado que instruye la investigación sobre Begoña Gómez.

No es un gesto menor: Conde propone también dar carpetazo a otras diligencias informativas —hasta siete— abiertas a raíz de reclamaciones contra el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Entre ellas figura, de modo destacado, la que formuló el propio ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por su interrogatorio como testigo el 16 de abril de 2025 sobre la contratación de Cristina Álvarez como asistente personal de Gómez en Moncloa.

Los hechos están narrados: Bolaños sostuvo que se desvinculaba de ese contrato y, según el acta, fue objeto de reproches del magistrado por respuestas que Peinado calificó de “evasivas”, hasta plantear la posibilidad de un careo. El juez llegó a intentar atribuir al ministro delitos —falso testimonio y malversación— que el Tribunal Supremo descartó por “ausencia absoluta” de indicios. El promotor considera que la citación y el cuestionario encajan en la competencia del instructor y, por ello, aboga por el archivo.

No es el único asunto: Conde propone el mismo corte respecto a la queja de Más Madrid por una supuesta dejación de deberes de Peinado relacionada con la prórroga de diligencias en una causa sobre la adjudicación de un contrato municipal. El promotor entiende que el retraso no es imputable solo al juez. Además, el CGPJ investiga otra denuncia de la asesora Cristina Álvarez por la pubicación en prensa de una resolución antes de su notificación, lo que ella atribuye a una filtración que solo “pudo proceder del juez”.

La Comisión Permanente del CGPJ examinará estas propuestas y podrá avalar el archivo o, en sentido contrario, ordenar que el promotor recomiende una sanción. Pero la última instancia será la Comisión Disciplinaria, que cuenta con mayoría conservadora y ya se impuso en anteriores expedientes —los referidos a Eloy Velasco y Manuel Ruiz de Lara— cuando, siendo la Comisión Permanente reacia al archivo, la Comisión Disciplinaria descartó finalmente sanciones.

El precedente pesa: la Comisión Permanente rechazó el archivo en los casos de Velasco y Ruiz de Lara, encargando seguir investigando y abrir expediente disciplinario. Sin embargo, al llegar a la Comisión Disciplinaria, la mayoría conservadora rechazó sancionar a ambos magistrados pese a la recomendación del promotor de imponer multas. Hoy, con estas nuevas propuestas de archivo relacionadas con Peinado, la pugna entre los distintos órganos y mayorías del CGPJ vuelve a situarse en primer plano de la vida pública.

No cabe herejía de hechos ni conjetura: las propuestas de Ricardo Conde, el dictamen del Tribunal Supremo sobre las imputaciones a Bolaños, las quejas de Más Madrid y de la asesora de Begoña Gómez, y la composición de las comisiones son los hitos objetivos de este expediente. Lo que está en juego es la interpretación, la discreción disciplinaria y la confianza ciudadana en que los resortes internos del poder judicial atiendan a la ley y no solo a mayorías internas. Este martes, la Permanente marcará un rumbo; en última instancia, la Disciplinaria decidirá si ese rumbo se confirma o se revierte.