Transparencia o sigilo: la verdad procesal que exige respuestas en Vox

Vox ha salido al paso con una afirmación rotunda: no fue el Área de Cumplimiento la que filtró a OK Diario la investigación sobre Iván Espinosa de los Monteros. Marta Castro, coordinadora jurídica del partido, lo deja escrito y reclama la absoluta confidencialidad que, dice, obliga a esa área.

Sin embargo, la justicia ha trazado otro mapa. El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha admitido la querella por revelación de secretos presentada por Espinosa de los Monteros y ha tomado declaración como imputados a dos altos cargos del partido: Juan de Dios Dávila y la exsecretaria de Santiago Abascal, señalados precisamente como responsables del área que investigó al exportavoz.

No es una disputa menor de despacho; hay más de un episodio que exige ser explicado. Vox también niega haber denunciado en dos ocasiones a su antiguo portavoz ante la Fiscalía. Los hechos, según lo reconocido por la propia responsable jurídica, son otros: en la primera ocasión fue un grupo de afiliados quien remitió el escrito al fiscal; en la segunda, fueron los ahora imputados quienes “pusieron en conocimiento” unos hechos susceptibles de ser considerados delictivos, actuación que la responsable jurídica del partido describe como cumplimiento de una obligación legal.

La Fiscalía, por su parte, no apreció indicios y archivó la investigación contra Espinosa de los Monteros en dos ocasiones. El núcleo del asunto no es ajeno al terreno privado: se originó en una llamada que el exportavoz realizó a una concejal de Vox en Collado Villalba, pidiéndole que recibiera a un empresario, antiguo socio suyo, interesado en la recalificación de un terreno. En aquel momento Espinosa de los Monteros ya no ocupaba cargo institucional ni orgánico y la recalificación salió adelante con el apoyo de todos los grupos —Vox, según el propio relato de los hechos, se abstuvo como tenía previsto.

El contenido de la investigación llegó a la esfera pública cuando OK Diario publicó los detalles, poniendo en cuestión la honorabilidad del exportavoz. Ante la ciudadanía, ante los afiliados y ante la propia institucionalidad del partido, no bastan los comunicados; la política exige luz. Que un juzgado admita una querella y que dos cargos estén imputados son hechos que merecen respuestas claras y públicas, no la amortiguadora afirmación de silencio por parte de quien dice guardar confidencias.

La democracia se nutre de responsabilidades y de explicaciones. Cuando las piezas del puzle penal, orgánico y mediático encajan con dificultad, corresponde a las formaciones políticas transparentar la secuencia de hechos y a la justicia completar su trabajo. No es una cuestión de lealtades internas o de afinidades ideológicas: es cuestión de decoro público y de exigir a quienes aspiran a dirigir que actúen con la limpieza que reclaman para los demás.