Cuando la autoridad científica protege lo oscuro

Hay hechos que no admiten aplausos ni contemplaciones. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, faro público de la investigación contra el cáncer en España, aparece ahora con una trama de responsabilidades y privilegios que han acabado en denuncia y en investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF.

Mariano Barbacid, según consta en los documentos a los que ha accedido EL MUNDO, promovió en 2002 dos medidas para blindar a Juan Arroyo: un plus anual de casi 25.000 euros por “especial responsabilidad” y una cláusula de despido extraordinariamente onerosa —45 días de salario por año trabajado con tope de 36 meses— cuando lo habitual en el sector son 20 días con límite de 12 meses. Son disposiciones "muy inhabituales", en palabras del propio diario, que dejan de ser tecnicismos para convertirse en señales de una cercanía fuera de norma.

Esos actos no se explican en vacío. Arroyo, ahora despedido junto a dos subordinados tras las pesquisas, está acusado en una denuncia que apunta a un desfalco de entre 25 y 30 millones de euros durante 17 años. La denuncia y las pruebas aportadas han sido bastantes para que Anticorrupción y la Policía Nacional abran una investigación en profundidad. Cuando la gestión pública se cubre con cláusulas excepcionales y con una protección continuada durante décadas, la sospecha deja de ser mera opinión y pasa a ser obligación de escrutinio.

Los lazos entre Barbacid y Arroyo no son flor de un día: el reportaje recoge que forman parte de un círculo íntimo de más de veinte años. También constan coincidencias inmobiliarias y societarias: Herdon Inmobiliaria figura junto a sociedades vinculadas a Arroyo y a familiares, y Zeus SL —proveedora constituida por un ex directivo del CNIO— aparece en el mapa de empresas que presuntamente facturaron por prestaciones que o no se prestaron o se prestaron en menor medida. Una de esas entidades, Gedosol, ya ha sido apartada por el Patronato.

Los indicios alcanzan al propio sistema de control del centro. Testimonios y documentos apuntan a operaciones de “limpieza” de rastros en el SAP del CNIO, eliminación de huellas de viajes pagados y no justificados —como el viaje de Arroyo y su pareja a México— y, según denuncias internas, a un uso del sistema para espiar trabajadores y mantener un control operativo bajo la tutela, en muchos casos, del gerente.

No es irrelevante el contexto institucional: distintas carteras ministeriales pasaron por encima del CNIO sin que las sospechas acabaran en sanción efectiva. Hubo enfrentamientos públicos: Celia Villalobos discutió con fuerza con Barbacid; Antonio Campos, ex director del Instituto Carlos III, se negó a firmar unas cuentas por un descuadre de 9,5 millones. Con ministros de uno y otro signo, la figura pública y el peso mediático de un científico de primer orden han funcionado, según se investiga, como factores disuasorios frente a la fiscalización.

También forman parte de la crónica las promesas y proyectos que suscitaron polémica: la insistencia en financiación privada y anuncios de terapias —como la vieja promesa sobre una cura del cáncer de pulmón— que acabaron provocando notas ministeriales críticas, y dudas sobre posteriores proyectos que han alimentado recelos.

Los hechos que emergen del sumario periodístico exigen claridad y celeridad. No basta con la reputación académica cuando aparecen indicios de desviación de fondos públicos y de manipulación de sistemas de control. La ciencia española merece transparencia, y la investigación judicial debe permitir que la verdad aflore sin atajos ni rodeos.

Si las alegaciones se confirman, estamos ante una falla doble: la desviación de recursos destinados a la lucha contra el cáncer y la protección privilegiada dentro de un centro público. No puede aceptarse que la autoridad científica se convierta en parapeto de irregularidades. El prestigio se construye con rigor, no con blindajes contractuales ni con silencios institucionales.

Exigir cuentas no es anticiencia; es defenderla. La investigación y la gestión pública deben someterse al mismo escrutinio riguroso que exige la propia práctica científica. Solo así recuperaremos la confianza de quienes esperan, legítimamente, que los recursos públicos se dediquen con honradez a la investigación y a la salud de todos.