El decreto en jaque: el PP amenaza con tumbar las rebajas si no hay deflactación

El reloj parlamentario corre y la política se ha convertido otra vez en la última barricada entre una medida de alivio para los ciudadanos y su posible caída. Si la Junta de Portavoces aprueba hoy el trámite, quedan 48 horas para debatir y votar un decreto pensado como plan de choque frente a la crisis derivada de la guerra en Irán. Y, a estas horas, los apoyos del Gobierno no están atados.

El escenario es nítido y grave: el decreto incluye rebajas fiscales sobre la luz, el gas y los carburantes, pero su convalidación no está asegurada. El bloque de investidura no ofrece unanimidad —Podemos ya anunció que se abstendrá y Junts mantiene en suspense su voto— y en la oposición el PP, que inicialmente podía ser determinante, está ahora dispuesto a plantar cara. Fuentes del entorno de Alberto Núñez Feijóo trasladan sin ambages que el no es una opción real si Pedro Sánchez no mejora el texto con medidas adicionales, entre ellas la deflactación del IRPF.

La queja del PP no es solo de énfasis: según Génova, el Ejecutivo ha introducido al final del decreto disposiciones de carácter presupuestario que los populares consideran «temas extra», un «decreto ómnibus» que desvirtúa su propósito. Tampoco sentó bien, siempre según las mismas fuentes, una disposición que interpretan como un impulso al cierre de las nucleares. Esa acumulación de añadidos alimenta la postura de rechazo si no hay cesión concreta.

Desde la dirección popular han jugado con distintos escenarios: el sí estaba garantizado para un decreto que incorporara todas sus medidas; la abstención, para uno con la mayoría de las mismas pero sin añadidos; y ahora el no aparece como la tercera vía, si el Gobierno mantiene el texto tal cual. Cuca Gamarra ha reprochado que el decreto «llega tarde» y «se queda corto», y ha reivindicado la deflactación del IRPF como medida pendiente para aliviar la presión que sufren los hogares. Pero el propio reconocimiento técnico del problema —que el decreto no se puede modificar en ese trámite y que cualquier ajuste del IRPF exigirá otra vía— no aminora la exigencia política: «Maneras hay muchas, y cuando uno quiere las encuentra», dicen en el PP.

Ester Muñoz ha formalizado la posición con una carta al ministro Félix Bolaños: si el Gobierno atiende las demandas que plantean, el PP permitirá la convalidación; si no, no descartan incluso votar en contra, pese a que el secretario general popular bautizó el texto la semana pasada como «el decreto de derechas». Junts, por su parte, celebró en su momento que el Gobierno «compró todas» sus rebajas fiscales, pero hoy sus siete diputados no han despejado la duda sobre qué botón pulsarán, y su decisión puede ser determinante.

Vox ya adelantó que se acogerá al no, y Podemos se abstendrá porque considera que las rebajas fiscales no son el instrumento para afrontar la escalada de precios. Esa combinación deja al Ejecutivo en manos de una negociación apretada: o convence a los suyos o deberá lidiar con la postura de la oposición, que no rehúye ejercer presión hasta el último minuto. Incluso en Génova sugieren que el Gobierno podría aplazar la votación hasta no agotar los plazos —tiene hasta 30 días tras el Consejo de Ministros— para evitar que las medidas decaigan de inmediato.

A 48 horas del examen parlamentario, la política muestra su lado más crudo: acuerdos que parecían encajados se deshacen por añadidos técnicos, exigencias de último minuto y cálculos tácticos. El decreto que nació con cierto consenso podría perder buena parte de su efecto si las fuerzas se atrincheran en posiciones inamovibles. Es la hora de la política responsable: o se depuran los textos para que las medidas lleguen a la gente, o la negociación dejará al descubierto que la supervivencia de una medida clave depende más de la aritmética parlamentaria que de la urgencia social que pretende atender.