Actualidad

Frente a misiles contra aeropuertos, hoteles e instalaciones energéticas, los países del Golfo optan por la contención: calculan vulnerabilidad, dependencia y riesgo antes que venganza.

Negar la posibilidad de una mayoría absoluta de PP y Vox sería irresponsable. Hay datos y precedentes —y conviene pensar opciones que, sin mentiras, protejan la convivencia democrática.

Un tribunal que aplica doctrina europea abre la puerta a más información para los investigados; la Audiencia Nacional y la Fiscalía Antidroga advierten del impacto en investigaciones contra el narcotráfico.

Las dentelladas internas a Abascal evidencian una pelea que no es solo por poder: señalan a un entramado empresarial que habría convertido el partido en caja y proveedor. La pregunta clava: ¿quién manda y con qué intereses?

Que una empresa ligada al entorno íntimo del líder cobre casi 1,3 millones en un solo año plantea preguntas que no admite evasivas. La Auditoría y los disidentes piden luz sobre un entramado financiero estrechamente imbricado con el partido.

El promotor del CGPJ recomienda el sobreseimiento de hasta siete diligencias informativas contra el instructor Juan Carlos Peinado. La última palabra la tendrá una comisión de mayoría conservadora.

Vox niega la filtración, pero el juzgado ha admitido la querella y dos altos cargos del partido están imputados. La política merece claridad, no cortinas de humo.

El reencuentro de Cabezón de la Sal con Matilde de la Torre no es solo una inhumación: es una restitución de memoria para una de las primeras diputadas españolas y defensora de la educación y la cultura popular.

No es la economía la que condena a las nuevas generaciones: es la elección moral de abrazar la agresividad y el odio. Eso, y no la precariedad per se, puede hacerles vivir peor.

Un chalé de protección oficial adjudicado sin sorteo, la omisión en la declaración de bienes y una fecha manuscrita que no cuadra: hechos que han terminado en denuncia y en investigación fiscal.

Vox publica un comunicado extenso que justifica y reivindica los servicios de Tizona Comunicación, sin detallar las cantidades pagadas pese a las cifras publicadas por la prensa.

La magistrada considera a Demarcación de Costas la única responsable del mantenimiento y dirige acción penal contra dos de sus funcionarios. La reparación de 2024 pudo ser insuficiente.