Las cárceles en jaque: 13.208 móviles que desmontan la seguridad penitenciaria

Los números no mienten: 13.208 móviles requisados desde 2021. Es una cifra que no cabe en la categoría de anécdota ni de fallo puntual; es la constatación de grietas en el sistema penitenciario que ponen en tela de juicio la seguridad dentro de nuestras cárceles.

El pasado 2025, los funcionarios decomisaron 2.466 terminales. A esto se une la advertencia del sindicato mayoritario, Acaip-UGT: más de seis dispositivos intervenidos cada día, vías de introducción como la suela de las zapatillas e incluso drones que burlan las barreras físicas. Datos fríos que describen, en realidad, una realidad caliente: la proliferación de un mercado negro y la continuidad de actividad delictiva desde el interior de los centros.

La presencia de móviles, prohibidos reglamentariamente, no es baladí: según el propio sindicato, un terminal en una celda se traduce en delincuencia, en tensiones entre internos y en la posibilidad de que reos sigan dirigiendo actos fuera del penal. No son hipótesis retóricas; son consecuencias que se derivan de la existencia misma de esos dispositivos entre rejas.

Acaip-UGT denuncia además que las plantillas no están bien dimensionadas, que no se cubren todas las plazas y que faltan medios técnicos adecuados. Pese a esas carencias, los trabajadores penitenciarios logran, mediante requisas, cacheos y controles continuos, detectar y decomisar miles de dispositivos cada año. Ese esfuerzo cotidiano es encomiable, pero no puede ser la coartada para la inacción: detectar no basta si la puerta por la que entran los móviles sigue abierta.

La petición del sindicato es clara y razonable: modernizar los sistemas de seguridad y reforzar las plantillas, adaptándolas a las necesidades reales de los centros. No es una petición ideológica; es una exigencia operativa y de sentido común para recuperar control y restaurar la autoridad dentro de las prisiones.

No hay espacio para la pasividad. Cuando la suela de una zapatilla o un dron se convierten en herramientas para introducir tecnología que alimenta el delito, estamos ante un problema de Estado. La protección de la sociedad y la integridad del sistema penitenciario requieren respuestas firmes: medidas técnicas, refuerzo de personal y control efectivo de los accesos. Todo lo demás no es más que paliativo frente a una realidad documentada por las cifras y advertida por quienes trabajan en primera línea.