El ultraje en la tumba: cuando la violencia coloniza hasta la muerte

En la aldea de Asasa, cerca de Jenín, lo impensable tomó la forma más brutal de la desposesión: hombres armados irrumpieron en un funeral y, con herramientas en las manos y fusiles a la vista, comenzaron a excavar la tumba de Husein Asasa, de 80 años.

Lo que debía ser un rito final, íntimo y respetuoso —un entierro islámico sencillo en la parcela familiar— se transformó en teatro de la intimidación. Mohamed Asasa y sus hermanos vieron cómo los colonos, procedentes del asentamiento reabierto de Sa‑Nur, golpeaban la sepultura hasta dejar al descubierto la amenaza. Les advirtieron con crudeza: ‘‘O exhuman ustedes, o lo hacemos nosotros’’. La familia tuvo que sacar el cuerpo amortajado y llevarlo colina abajo para buscar un lugar seguro.

No son giros retóricos ni metáforas: son hechos documentados por testigos y grabaciones. Menos de media hora después del funeral, con permiso solicitado incluso a una base militar cercana, los colonos se presentaron y obraron. El ejército afirma que intervino luego para confiscar herramientas y evitar mayores tensiones; la familia, en cambio, denuncia inacción mientras la tumba era profanada y su dolor sometido a humillación pública.

El episodio no es aislado: Sa‑Nur fue reocupado tras decisión del gobierno israelí, en el marco de una política de expansión y establecimiento de nuevos asentamientos en territorios palestinos ocupados. Los asentamientos en esos territorios son considerados ilegales por el derecho internacional, y la reanudación de la vida en Sa‑Nur ha venido acompañada de medidas que, en la práctica, han cercado tierras, olivares y cementerios bajo la figura de “zona militar cerrada”.

Los vecinos cuentan que, además de las expulsiones de tierras y la tala de olivos, el acceso cotidiano queda sometido a la voluntad de los colonos y a la coordinación con las fuerzas. Pero cuando los colonos actúan con agresividad y armas a la vista, la sensación de impunidad se profundiza. La oficina de derechos humanos de la ONU calificó el incidente como ‘‘espantoso y emblemático de la deshumanización de los palestinos’’ en los Territorios Ocupados.

Las cifras y las noticias de contexto confirman la tendencia: la violencia ligada a colonos ha aumentado en Cisjordania. Entre el inicio del conflicto citado y finales de abril, según el New York Times, hubo decenas de víctimas y desplazamientos por ataques de colonos. En ese marco, el desentierro forzado de Husein Asasa no es solo una afrenta a una familia: es la manifestación más cruda de cómo la ocupación y la colonización, cuando dejan a la seguridad y al derecho en manos de la fuerza, terminan por colonizar también la memoria y la muerte.

¿Puede una sociedad mantener la civilidad cuando los muertos dejan de estar protegidos? ¿Qué Estado de derecho permite que un cementerio se convierta en campo de batalla para imponer una presencia? Las respuestas no figuran en un comunicado burocrático ni en la retirada de unas herramientas: están en la dignidad pisoteada de una familia que tuvo que elegir entre perder a su padre una vez o perderle dos veces ante la amenaza.

Los hechos están ahí: un entierro interrumpido, una tumba profanada, colonos armados, la reocupación de Sa‑Nur, zonas declaradas militares que restringen el acceso, la condena de la ONU y las denuncias de la familia. Son hechos que exigen una reflexión severa sobre la seguridad, la ley y la protección de los derechos humanos en un territorio donde, últimamente, hasta la muerte parece quedar a merced del más fuerte.