Marlaska mira a otro lado mientras el narco se cobra vidas

La tragedia en la costa de Huelva —dos guardias civiles fallecidos en una persecución contra narcolanchas— vuelve a poner en evidencia una decisión política: el Ministerio del Interior, bajo la responsabilidad de Fernando Grande‑Marlaska, no ha aplicado las recomendaciones que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo dictó tras investigar las muertes de Barbate en 2024.

El informe europeo advertía de una «urgente necesidad de reforzar la seguridad física y las condiciones de trabajo y las garantías jurídicas de las fuerzas de seguridad». Hablaba, además, de que el tráfico de drogas transfronterizo ejerce «una presión cada vez mayor sobre las fronteras exteriores de la UE» y de que las bandas implicadas «representan un peligro real» que exige protección adecuada para los agentes. Palabras claras que, según fuentes policiales consultadas por EL MUNDO, han sido obviadas por el Gobierno.

Las conclusiones reclamaban, entre otras medidas, el restablecimiento de unidades especiales como la desmantelada OCON‑Sur, con financiación y personal adecuados y mandatos permanentes para operar en zonas fronterizas de alto riesgo. Esa unidad —destinada a contener al narco en el Estrecho de Gibraltar— fue disuelta dieciséis meses antes de que la narcolancha embistiera la patrullera en Barbate. Hechos, no metáforas.

La secuencia es demoledora: el informe se aprobó por mayoría en la Comisión de Peticiones —con 18 votos a favor del PPE, Patriots y ECR, la abstención de dos eurodiputados de Renew y diez votos en contra de socialistas, verdes y la izquierda—; la UE tramitó iniciativas para clasificar ataques violentos contra agentes como eurodelitos y para reconocer a las fuerzas policiales como profesiones de alto riesgo; y, en el terreno, los agentes siguieron patrullando sin las reformas pedidas.

La Confederación Española de Policía lo sintetiza con crudeza: Marlaska fue citado en Bruselas para explicar qué se había hecho tras el informe y no acudió «porque no podía decir nada», según su portavoz. Y la pregunta que obliga a cualquier responsable político mínimamente serio se impone: ¿cuántos policías y guardias civiles más tienen que morir para que Interior deje de presumir de estadísticas y empiece a proteger de verdad a quienes están en primera línea contra el crimen organizado?

A esa inquietud se suma otra acusación grave: el informe europeo censuró el intento del Gobierno español de «obstruir» la investigación sobre la muerte de los agentes de Barbate, señalando que Interior retiró la embarcación patrullera implicada para que no pudiera ser examinada por la misión de eurodiputados. No es una cuestión retórica: es una advertencia sobre la transparencia y la voluntad de colaborar en una investigación internacional.

En el plano operativo, mandos de la Guardia Civil consultados por EL MUNDO discrepan de la versión ministerial que atribuye las últimas muertes en Huelva a un accidente por colisión entre patrulleras. Esos mandos consideran que el choque pudo ser propiciado por los narcos mediante maniobras «estudiadas» y habituales en sus tácticas: cuando detectan persecución, realizan movimientos en zigzag para forzar el impacto. Otra pieza más del puzzle que no encaja con la narrativa de lo inevitable.

Y por si faltara un gesto simbólico, el ministro no asistió al funeral de los agentes Germán y Jerónimo. Desde Madrid, Marlaska afirmó que «no todas las tragedias pueden evitarse». Es una afirmación técnica y fría que, frente a las recomendaciones europeas pendientes de aplicación y a la alarma expresada por los representantes policiales, suena a renuncia: no todo es inevitable; algunas decisiones —rehabilitar unidades especializadas, dotar de medios y reconocimiento jurídico, colaborar con las investigaciones internacionales— dependen de voluntad política.

España no puede permitir que los que sostienen el Estado en la primera línea sean tratados como piezas prescindibles. Cuando las alarmas vienen desde la propia Unión Europea, la respuesta no puede ser el silencio, la omisión o la excusa. Aplicar las directrices no es una concesión ideológica: es proteger vidas, transparentar responsabilidades y demostrar que el monopolo legítimo de la fuerza se ejerce con cuidado del que lo ejerce.