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Cuando el Estado mira hacia otro lado: narcolanchas, muertos y excusas ministeriales

Mandos de la Guardia Civil sostienen que los narcos provocaron a propósito la colisión que costó la vida a dos agentes

Redacción Más España

Redacción · Más España

10 de mayo de 2026 3 min de lectura
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Cuando el Estado mira hacia otro lado: narcolanchas, muertos y excusas ministeriales
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El Gobierno habla de tragedia fortuita. Los mandos que toman la ola, los que persiguen cada noche a quienes traficando con muerte se juegan la vida de la gente, dicen otra cosa: que no fue un accidente.

Esa dicotomía no es un detalle retórico: es el abismo entre la sala de prensa de Madrid y la cubierta de las patrulleras que patrullan el Estrecho y la costa de Huelva y Cádiz. Según responsables del Servicio Marítimo que trabajan sobre el terreno, la zodiac de los traficantes realizó un movimiento «estudiado» para provocar la colisión entre patrulleras. Lo califican de «habitual»: cuando les detectan y empieza la persecución, los pilotos de las semirrígidas narcotraficantes «serpentean», hacen «eses», quiebran la trayectoria, sobrepasan en velocidad y fuerzan un choque, o al menos impiden la continuidad de la persecución.

Que esta táctica exista no es conjetura: los mandos la describen como resultado de la experiencia acumulada en años de confrontación con organizaciones cada vez más fuertes. Y esa experiencia choca —literal y figuradamente— con la política de adquisición y diseño de embarcaciones. Las patrulleras del Servicio Marítimo, dice la propia Guardia Civil, son «muy veloces» pero «no útiles»: barcos pesados, difíciles de patronar en las condiciones reales de persecución marítima. «Es como meter un Fórmula 1 en una pista de arena», dicen los agentes, y ese símil resume la desventaja operativa que denuncian.

El ministro del Interior definió la muerte de los guardias como un accidente y aseguró que se han puesto más medios que nunca en la zona. Pero la ausencia del ministro en el funeral de Germán y Jerónimo y su rueda de prensa sobre otros asuntos dejaron un vacío de respuesta política ante el clamor de quienes trabajan en primera línea. Los mandos no se sintieron escuchados: sostienen que cuando se diseñaron esas embarcaciones desde la Dirección General de Marina no se atendieron las apreciaciones de los agentes del Marítimo y que el resultado son máquinas «muy pesadas y difíciles de patronar». Esa discrepancia técnica tiene consecuencias reales en vidas humanas.

La situación no es un panorama aislado: la Fiscalía General del Estado ha reflejado la preocupación expresada por la fiscal delegada de Cádiz. La disminución de droga incautada se traduce, según esa valoración, en una reducción de procedimientos penales en la provincia, atribuible a una menor presión policial y a la desaparición del grupo OCON-Sur, dedicado en exclusiva a perseguir a las grandes familias de la droga.

La fortaleza y la impunidad creciente de los clanes del narcotráfico se manifiestan en episodios como el descrito en la ría de Huelva en febrero de 2025: descarga de un alijo a plena luz del día desde embarcaciones recreativas, con hombres armados con fusiles de asalto —AK-47— dispuestos a abrir fuego si eran descubiertos. Esos hechos configuran un paisaje de riesgo extremo en puntos como el Estrecho de Gibraltar y la desembocadura del Guadalquivir, donde la violencia y la audacia de las organizaciones superan las capacidades que hoy tiene desplegadas el Estado.

La pregunta que queda flotando, afilada como la quilla de una zodiac, es por qué el diseño de las herramientas que el Estado ha entregado a quienes arriesgan la vida en el mar no incorpora la experiencia táctica de esos mismos operadores. ¿Por qué se prescinde de criterios profesionales que denuncian la vulnerabilidad de las patrulleras frente a embarcaciones más ágiles y agresivas? Y si no se corrige esa desconexión entre política, diseño y operación, seguiremos leyendo funerales y decretando «accidentes» cuando muchos agentes sostienen que lo que hubo fue una maniobra deliberada para matarlos o impedir su labor.

No es una cuestión de retórica partidista, sino de coherencia institucional: los relatos oficiales, las compras de material y la organización operativa deben converger con la verdad de la mar. Hasta entonces, la defensa del Estado contra el crimen organizado seguirá pagando un precio humano que no admite excusas técnicas ni circunloquios ministeriales.

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