Red de intereses: cuando la obra pública y las energías se rozan con el sindicalismo

La política económica no admite vaguedades ni componendas: cuando las grandes empresas, los despachos de obra y los representantes sociales aparecen enlazados en documentos judiciales, la ciudadanía exige respuestas. Eso es exactamente lo que desprenden los escritos remitidos al juez Ismael Moreno por Acciona y ahora conocidos por la prensa.

Los hechos son nítidos y no admiten adjetivos gratuitos. Antxon Alonso, socio de Servinabar —la mercantil vinculada al ex número dos del PSOE, Santos Cerdán—, ofreció a Acciona propuestas para articular negocios conjuntos con Forestalia y con UGT. Acciona ha reconocido ante la Audiencia Nacional descuadres en pagos a Servinabar relativos a dos obras: la autovía de Logroño y el tren de San Feliú de Guíxols. Esos mismos escritos incluyen referencias explícitas, fechadas y registradas, a oportunidades de UTE con Forestalia (29 de noviembre de 2023) para diseñar y construir parques de generación y líneas de transmisión, y a una posible operación inmobiliaria con UGT en Pamplona (1 de julio de 2021).

No son meras conjeturas: son propuestas formales que pasaron por el filtro documental de Acciona y llegaron al juez. Forestalia y Acciona operaban en las mismas zonas eólicas —la zona del Maestrazgo en Teruel aparece en las carpetas— donde Forestalia está hoy bajo investigación por presuntos sobornos que han llevado a la detención de su dueño, Fernando Samper, y del alto funcionario Eugenio Domínguez. Acciona, por su parte, figura intentando desprenderse de tres proyectos allí autorizados —'Hocino' y 'Caballos' entre ellos— con problemas sobre la declaración de utilidad pública.

La Guardia Civil, según los documentos, considera a Servinabar un posible vehículo para generar 'mordidas' mediante contactos e influencia, y pone en duda la prestación real de servicios por parte de esa firma. En ese mismo ámbito temporal, Servinabar dio empleo a Iván Santos, hijo del entonces secretario general de UGT en Navarra, Jesús Santos, extremo que el propio interesado ha defendido como contratación legal y sin investigación en su persona.

¿En qué quedó todo? Acciona, con la prudencia que exige su condición de parte afectada, señala que las oportunidades fueron 'latentes' por falta de permisos y que se siguió haciendo un seguimiento con Forestalia. Es decir: las posibilidades se exploraron, aunque no prosperaron por motivos administrativos o de licencia. Pero la mera existencia de las ofertas, la coincidencia territorial de intereses y la presencia de un intermediario que propone a la vez negocios empresariales y vínculos con un sindicato elevan el debate del terreno privado al interés público.

No es tiempo de complacencias ni de minimizar la preocupación. Cuando la industria energética, los grandes contratistas y la representación sindical aparecen unidos en documentos que alimentan una investigación judicial, la transparencia debe ser inmediata, las explicaciones claras y las responsabilidades, si las hubiere, escrutadas con rigor. La economía nacional exige reglas limpias: la creación de riqueza y el empleo no pueden sustentarse en sombras ni ataduras opacas. Los ciudadanos reclaman, legítimamente, que el Estado de Derecho actúe y que la gestión pública y privada se mantenga al resguardo de toda sospecha.