Implacable cuenta: Anticorrupción mantiene las peticiones de hasta 29 años para los Pujol

La sala de la Audiencia Nacional que ha instruido el caso Pujol ha llegado a una encrucijada jurídica y política que no admite eufemismos. Tras casi seis meses de vista oral, la Fiscalía Anticorrupción, representada por Fernando Bermejo, mantiene las mismas peticiones provisionales con las que abrió el procedimiento: 29 años para Jordi Pujol Ferrusola, y penas que oscilan entre los 8 y los 14 años para sus otros seis hijos. Mercè Gironès, ex mujer del primogénito, afronta la segunda petición más alta: 17 años.

No es una noticia menor ni un titular breve de diario: son años reclamados por el Ministerio Público por delitos concretos que figuran en el escrito de acusación. A Jordi Pujol Ferrusola se le atribuyen, entre otros, la dirección de una asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, cinco fraudes fiscales y la frustración de la ejecución por haberse desprendido de bienes. A los demás miembros del clan se les considera también integrantes de una asociación ilícita y responsables de blanqueo y, en algunos casos, de fraude fiscal.

Al mismo tiempo, la Fiscalía respalda la decisión de la Sección Primera de dictar un auto en los próximos días que exonerará definitivamente de responsabilidad penal al ex president Jordi Pujol por su estado de salud mental. La Sala, presidida por el magistrado José Ricardo de Prada, había anunciado ya semanas atrás la salida del nonagenario del juicio; ahora se anuncia un sobreseimiento libre e irrevocable.

Las acusaciones y las defensas han presentado ya sus conclusiones una vez concluidas las declaraciones de los últimos empresarios sentados en el banquillo. Para esos empresarios, diez en total —con uno de ellos ya fallecido y, por tanto, apartado de la causa—, se mantienen peticiones de cinco años por blanqueo y falsedad documental y cuantiosas multas. En el caso del clan Pujol, el Ministerio Público reclama, además, más de 50 millones de euros.

Al juicio le quedan apenas tres sesiones: mañana expondrán sus informes finales las acusaciones —la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que actúa en nombre de Hacienda y ha ratificado las penas iniciales—; el miércoles y el jueves las defensas solicitarán absoluciones y, tras el turno de última palabra, la vista quedará vista para sentencia.

Todo esto, sin adornos y con la gravedad que imprimen las cifras y las imputaciones, plantea preguntas básicas para la convivencia pública: ¿cómo se dirimen responsabilidades cuando se mezcla poder, patrimonio y presunta impunidad familiar? La respuesta la dará la sentencia, pero la Fiscalía ha hablado con nitidez: las peticiones de condena permanecen tal como se formularon en la apertura del juicio.