La guerra de Irán: nuevo pretexto para esquivar los Presupuestos

La política no es improvisación permanente; es responsabilidad. Sin embargo, el presidente del Gobierno y su vicepresidenta primera han encontrado en la guerra de Irán, estallada el 28 de febrero, el último argumento público para no presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2026 ante las Cortes. Es, según la crónica, el quinto pretexto público en pocos años para prolongar la vigencia de las cuentas de 2023.

Sánchez declaró que "estamos gestionando una de las mayores crisis" de su mandato y apeló a la gravedad internacional para justificar la demora. Montero, por su parte, sigue asegurando que "trabaja intensamente" en un borrador que, durante al menos diez meses, no se ha concretado en proyecto de ley expuesto ante las cámaras. La retórica de la gestión de crisis sirve así de cobertura a la omisión efectiva del trámite constitucional que corresponde al Ejecutivo.

Los precedentes son claros y están documentados: primero, el argumento del anticipo electoral de 2023; luego, la conveniencia de mantener las cuentas prorrogadas para no perjudicar la ejecución de los fondos europeos; después, la necesidad de un acuerdo previo con Sumar propia de la lógica de coalición; y la promesa de presentarlos "antes de final de año", que no se cumplió. Ahora llega, como quinta razón pública, el conflicto en Oriente Próximo.

No es irrelevante que el giro en el calendario coincida con la decisión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de retrasar sus propias cuentas ante la perspectiva de que puedan ser tumbadas. El aplazamiento paralelo de presupuestos autonómicos y estatales dibuja una ecuación política que trasciende la mera gestión de una crisis exterior: modifica plazos, interlocutores y, en definitiva, responsabilidades políticas.

Otro hecho a señalar, constatado por la información, es el posible efecto sobre las negociaciones: Montero, que deberá dejar su cargo para concurrir como candidata en las elecciones andaluzas, podría no ser la responsable de las futuras conversaciones con Esquerra, con lo que se evita asimismo la necesidad de nuevas concesiones que la propia ministra viene sorteando. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, apenas 24 horas antes, seguía manteniendo el calendario anterior; la cadencia de anuncios y rectificaciones torna imprevisible el compromiso oficial.

Los ciudadanos merecen claridad: la exposición de motivos y la entrega de un proyecto de Presupuestos no son meras opciones tácticas, sino obligaciones del Ejecutivo en materia presupuestaria. Alegar crises, legítimas o graves, no puede convertirse en norma para dilatar indefinidamente un deber constitucional cuya demora tiene efectos concretos sobre la gobernanza y la transparencia pública.