Política española

La exconcejal de Móstoles acusa al alcalde y relata cómo en Génova, al pedir amparo, recibió trato agresivo y presiones para no denunciar. El caso ha acabado en los juzgados.

El juicio por la compra de mascarillas dibuja la tesis fiscal: información privilegiada, influencia y beneficios compartidos entre Aldama, Koldo García y Ábalos.

Vox, debilitado pero no amortizado; el PP opta por un pacto que no solo suma votos sino lenguaje. La “prioridad nacional” ya no es anécdota: es aviso.

El PP firmó con Vox un pacto de 23 páginas para investir a María Guardiola: dos consejerías para Vox, cuatro presupuestos y cesiones ideológicas que plantean preguntas sobre prioridades reales.

José Félix Tezanos lleva su queja al Tribunal Constitucional: sostiene que la Junta Electoral se arrogó un control previo que la LOREG no contempla y que la sanción vulnera el principio de legalidad penal.

Un operativo diseñado desde Interior y pagado con fondos reservados arrebató a la familia Bárcenas agendas, mensajes y manuscritos que ahora son pruebas centrales en el juicio.

Con altos cargos y ministros en escena, Sumar e IU reivindican su utilidad en el Ejecutivo; la ausencia de Podemos revela la fragilidad de una alianza forjada entre prisas y desconfianzas.

María Jesús Montero, arropada por Pedro Sánchez, exalta a exmandatarios condenados en los ERE mientras promete "rescatar" la sanidad pública andaluza.

El Estado avaló un rescate con condición de devolución anticipada en caso de cambio de control; ahora autoriza la salida de los socios venezolanos sin exigir el reintegro íntegro del préstamo.

Cuando la pieza central habla y aporta escritos, grabaciones y contratos, la política ya no puede mirar a otro lado. El relato de Aldama plantea preguntas incuestionables sobre comisiones, adjudicaciones y favores.

Una madrugada de sangre en Shreveport expone la brutalidad de la violencia doméstica: ocho menores fallecidos, dos adultos heridos y una comunidad en duelo.

El Gobierno incumple el propio reglamento: no hay convocatoria ni comité preparatorio y la norma exige, al menos, dos reuniones al año. La política se subordina al calendario electoral.