La confesión que sacude al sanchismo: comisiones, contratos amañados y la foto que pregunta

La declaración de Víctor de Aldama no es un rumor ni una insinuación: es, según la noticia, la pieza clave que ha ofrecido testificales y documentos a la Fiscalía Anticorrupción. Esa aportación ha sido valorada por la fiscalía y le ha merecido una rebaja considerable en la petición de pena respecto al resto de acusados. No es una anécdota: es la sangre fría de una investigación que ahora debe contrastar cada papel, cada grabación, cada sobre en efectivo.

Aldama sostiene que se pagaron comisiones en metálico al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su asesor Koldo García, y cifra en más de cuatro millones las entregas. La investigación judicial ha confirmado, en efecto, que ambos manejaron abundante dinero en efectivo de origen desconocido. Frente a esto, algunos defensores han planteado explicaciones —por ejemplo, que el metálico procedía de reintegros de gastos del PSOE—, pero los indicios apuntan en otra dirección: manuscritos, grabaciones y empresas señaladas que enlazan con adjudicaciones.

El relato va más allá de transferencias: Aldama asegura que existió un amaño continuado de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes, y ha presentado manuscritos y documentos donde se alude a adjudicaciones. Las pesquisas han acreditado indiciariamente que se amañaron obras a cambio de comisiones; hay grabaciones en las que algunos de los protagonistas hablan del reparto del botín y planes para garantizar «la jubilación» con contratos amañados cuando ya no estarían en el Ministerio.

También aparecen personajes y estructuras: Aldama señala un «cupo vasco» controlado por Santos Cerdón y afirma que el ex secretario de Organización participó en manejos de contratos y copropiedad de una constructora, Servinabar, que concurría a concursos con grandes empresas como Acciona. El propio relato del empresario enfatiza el celo por evitar rastros: instrucciones para que no se hablara de determinados pagos y la entrega de sobres con efectivo cuando nadie sospechaba.

No son solo papeles y conversaciones: Aldama ha aportado el contrato de alquiler con opción de compra de un piso en la Castellana con la firma de Ábalos, que el Supremo considera un indicio potente de cohecho. Ha reconocido la operativa de regalo de un chalé para Ábalos, ha documentado el pago del alquiler de un apartamento para la ex pareja sentimental del ministro y ha detallado episodios como el viaje de Delcy Rodríguez a España. Asimismo, ha acreditado colaboración con Fuerzas de Seguridad y servicios de inteligencia extranjeros mediante imágenes y eventos en los que participó.

Queda, por supuesto, el terreno de la corroboración judicial definitiva: la causa espera que el tribunal despeje la X de esta historia y que las pruebas aportadas —documentos, grabaciones, testimonios— sean cotejadas y valoradas en sede penal. No menos decisiva es la pieza humana y pública que alimenta la polémica: la fotografía en la que Aldama aparece con el presidente del Gobierno en un backstage, y la afirmación del empresario de que Sánchez le dijo estar «al corriente de todo lo que estás haciendo y te estoy muy agradecido». Esa frase, si se probara como dijo Aldama, sería una línea que atraviesa la trama y obligaría a una respuesta política y judicial de enorme calado.

Estamos, según el relato reproducido por el medio, ante un proceso que puede ser la traca final del primer gran juicio por corrupción del sanchismo. No se trata de imaginaciones: son indicios, documentos y grabaciones que la investigación sitúa en el epicentro de adjudicaciones públicas. La Justicia tiene ahora la palabra para convertir indicios en certezas o para desechar lo que, de momento, es una acumulación de pruebas que exige escrutinio exhaustivo. La política, por su parte, no puede ni debe esquivar las preguntas que ya están formuladas en voz alta.