Permitir que se vayan sin pagar: la anomalía del rescate a Plus Ultra

La historia es diáfana en su simplicidad y grave en sus consecuencias: en 2021 la Sepi prestó 53 millones a Plus Ultra con una cláusula expresa que obligaba a la amortización anticipada si se producía un cambio de control, y ahora esa obligación ha sido, en la práctica, perdonada.

No son elucubraciones: el punto 3 del acuerdo confidencial al que ha tenido acceso EL MUNDO establecía que la transmisión de la participación ostentada por Snip Aviation forzaría la devolución inmediata de todo el dinero. Snip Aviation, liderada por Rodolfo Reyes y vinculada a Camilo Brahim Issa según las informaciones, era entonces el accionista mayoritario que garantizaba la operación.

Esa salida del capital ya se ha producido, según constata la propia aerolínea, y la Sepi ha dado permiso para el cambio accionarial sin exigir la amortización íntegra del préstamo. Plus Ultra ha devuelto 12 millones en intereses, pero mantiene sin pagar el grueso del principal y renegocia con la Sepi un calendario de pagos más flexible. Incluso tenía pendiente el vencimiento de 19 millones en marzo de 2026, que no se ha satisfecho.

La anomalía no es solo contable: el acuerdo original introdujo la cláusula porque la Sepi consideró entonces crucial que permanecieran como accionistas los venezolanos, al ser quienes tenían más capital para garantizar la devolución. Hoy, sin embargo, esos mismos socios se marchan sin que se ejecute la condición que protegía al erario público.

Los nombres y empresas que aparecen en el expediente no son irrelevantes para la evaluación política: Snip Aviation decidió, junto al entonces accionista minoritario y actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, la polémica contratación de Análisis Relevante, empresa vinculada al investigado por Anticorrupción Julio Martínez Martínez y que tuvo entre sus principales proveedores a José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas, según las informaciones publicadas.

En el aparado institucional, la decisión se produce con Belén Gualda al frente de la Sepi y después de que Bartolomé Lora, entonces vicepresidente, firmara el acuerdo financiero del rescate. Tampoco se ha informado públicamente, hasta donde se sabe, de la modificación práctica de una condición clave para la entrega de esos 53 millones. La salida se ha comunicado además al Registro Mercantil y la compañía afirma que el actual presidente asumió ante notario las obligaciones exigidas al accionista mayoritario.

Hay más hilos que conviene subrayar: Snip Aviation ha retenido los derechos sobre un préstamo de 6,3 millones concedido por Panacorp al 9% de interés, con el compromiso de no percibirlo hasta que la Sepi, prestando al 7%, recupere el suyo. Y Plus Ultra busca ahora inversores para una ampliación de capital superior a ocho millones mientras aguarda el alivio de calendario que le conceda la Sepi. Otros precedentes indican flexibilidad: Air Nostrum logró permiso de la Sepi para aplazar pagos hasta 2028.

Todo ello coloca en el centro una pregunta elemental de responsabilidad y de defensa del interés público: ¿cómo se concilia la exención práctica de una cláusula diseñada para proteger a la entidad pública con la obligación de asegurar la devolución de fondos aportados por todos? No procedo a acusar más allá de lo publicado, pero los hechos conocidos exigen explicaciones claras y una rendición pública de cuentas sobre las razones y los términos de la exención.

La transparencia no es un ornamento: es la única garantía de que las decisiones que afectan al patrimonio público no se toman a puerta cerrada ni con atajos que pueden dejar al Estado en inferioridad frente a los riesgos que el propio acuerdo pretendía cubrir. Cuando se socavan las condiciones pactadas para un rescate, se daña la confianza y se compromete la defensa del interés de todos los ciudadanos.