Trama, privilegios y mascarillas: el ‘caso Koldo’ desnuda un circuito peligroso

Lo que se escucha en el Tribunal Supremo no es folclore ni confidencia anodina: son piezas de un puzzle que la Fiscalía ha colocado sobre la mesa con la ambición de demostrar una concertación que aprovecharía la urgencia de la pandemia.

Las declaraciones retratan a Víctor de Aldama como un comisionista con acceso privilegiado al Ministerio de Transportes: estacionamiento reservado, movilidad sin barreras en la zona restringida y participación activa, según un testigo, en el equipo que acordó contratar con su propia empresa. No son apreciaciones menores cuando sirven de base a la acusación que reclama penas por organización criminal y uso de información privilegiada.

Y allí está Koldo García, trazado por Anticorrupción como el “hilo conductor”: un asesor que, de acuerdo con varios testimonios, actuó como agente comercial de la empresa proveedora y trasladó ofertas y contactos a los distintos órganos del sector público. Varios ex altos cargos han relatado que fue él quien hizo llegar la oferta de Soluciones de Gestión y quien, según una advertencia recogida en sede judicial, planteó una condición tajante: “ocho millones o nada”. El resultado fue el incremento de la orden ministerial, según consta en la instrucción.

En medio, la figura del exministro José Luis Ábalos aparece en la acusación como el vértice que, en momentos decisivos, avaló decisiones: la Fiscalía sostiene que la elevación de la compra se produjo ‘‘por imposición’’ del comisionista y ‘‘contando con la aprobación’’ tanto del asesor como del ministro, con el propósito —según la tesis acusatoria— de aumentar beneficios.

Los testimonios de cargos de Transportes, Puertos, Adif y del entorno de otros ministerios corroboran que las ofertas de la empresa llegaban rápida y directamente, facilitadas por García. No todos los declarantes admiten haber recibido presiones, pero sí relatan la reiteración y la premura de las gestiones cuando la administración debía aprovisionarse de material de protección.

Y hay otro hilo a la vista: la comparecencia de Patricia Uriz, cuya relación con el entorno personal del ministro fue destacada en la sala, añade detalles sobre la red de apoyo logístico que acompañó a las decisiones controvertidas. Los investigadores han mostrado ese entramado como parte del contexto en el que se produjeron los hechos juzgados.

La Fiscalía no ha dejado de prever consecuencias penales y económicas: pide varios años de prisión para los encausados y una multa millonaria para Aldama por aprovechamiento de información privilegiada. Es la expresión procesal de una tesis que transforma itinerarios administrativos y comerciales en presunta corrupción organizada.

Queda en manos del Supremo valorar esas piezas: las palabras de los testigos, las órdenes firmadas, los contactos facilitados y la coincidencia temporal entre acceso privilegiado y contratos otorgados. Sea cual sea el veredicto final, estas sesiones revelan la vulnerabilidad de las instituciones cuando la cercanía, la influencia y el interés económico confluyen en momentos de emergencia.

La democracia exige transparencia y respuesta: la audiencia pública sirve para que la sociedad observe, juzgue y, si procede, exija que la ley alcance con severidad a quienes usaron la pandemia como oportunidad y no como obligación ética de servicio público.