Un año en blanco: Sánchez prolonga la anomalía democrática

No es una torpeza menor ni un desliz administrativo. Es la constatación de una tendencia: cuando las reglas estorban, se las aparta.

Según ha podido corroborar este diario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha iniciado los trámites para convocar la Conferencia de Presidentes. La costumbre y la nueva normativa exigían, como mínimo, dos reuniones anuales; la última cita presencial completa data de junio de 2025, en el Palacio de Pedralbes, y el comité preparatorio que debe reunirse cada seis meses no ha sido convocado. ¿Resultado? La institucionalidad se resiente y el diálogo entre administraciones queda en suspenso.

El Ejecutivo no niega la situación; la justifica: el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, apela al ciclo electoral —los comicios en Andalucía el 17 de mayo y la sucesión de citas provinciales— como razón para posponer los encuentros. Ofrece, además, una coordinación “bilateral” con cada gobierno autonómico. Esa respuesta es un parche que sustituye a la obligación legal de reunir a los representantes y a la eficacia del foro colectivo. Bilateralizar lo que la norma manda hacer de forma colectiva es rebajar la ambición del diálogo institucional a la mínima expresión.

No olvidemos el contexto: Sánchez encara su tercer año de legislatura y menos de un año queda para 2027, cuando comenzará el proceso electoral general. Mientras en el exterior se construye una imagen internacional de liderazgo —con eco en medios internacionales y viajes que generan simpatías—, dentro de España la práctica muestra otra realidad: se extienden “cortinas de humo” y se acumulan anomalías democráticas, advierte el propio análisis de la noticia.

Tampoco amaina la controversia pública en torno a asuntos que pesan en el debate: el juicio de las mascarillas y el procesamiento de la esposa del presidente figuran entre los hechos que, según el texto, no han alterado la impasibilidad del jefe del Ejecutivo. Más que minimizar problemas puntuales, la ausencia de la Conferencia de Presidentes instala una merma permanente en la gobernanza territorial.

La reglamentación reformada buscaba reforzar el diálogo: duplicar el mínimo de reuniones al año y establecer una estructura preparatoria con comités, comisiones y una oficina especializada como secretaría administrativa. Si el propio diseño institucional se deja en papel mojado por la excusa del calendario electoral, la reforma queda desactivada por la práctica. Y cuando la norma se convierte en opción, la democracia pierde rigidez y previsibilidad.

Que los procesos electorales condicionen la agenda política es inevitable; convertirlos en argumento para omitir obligaciones reglamentarias no lo es. La cuestión no es meramente técnica: es política y de legitimidad. Si la Conferencia de Presidentes deja de ser un foro regular, la coordinación autonómica pierde cauces y se abre la puerta a soluciones improvisadas, bilaterales y fragmentadas.

El país merece que las instituciones funcionen cuando más importa: no sólo en tiempos de calma, sino en los de tensión y de campaña. Convocar, debatir y acordar no debería ser moneda de cambio del calendario electoral. El Reglamento existe; su letra se ha de cumplir. Si no, lo que estamos prolongando no es solo un año en blanco, sino un listón más bajo para la democracia que nos gobierna.