Cuando el partido no ampara y la justicia escucha: la querella de la exedil de Móstoles

La escena descrita en la querella es nítida y amarga: una militante que reclamó auxilio a su propio partido y que, según su relato, encontró amparo retórico y presión práctica. Así lo cuenta la exedil del PP de Móstoles en un escrito que adjunta su denuncia contra el alcalde Manuel Bautista y contra el partido por hechos que van desde el acoso sexual y laboral hasta coacciones y revelación de secretos.

No hablamos de rumores ni de conjeturas: el documento, presentado el 16 de febrero y suscrito por el letrado Antonio Suárez-Valdés, relata una cita prolongada en la sede de la calle Génova el 11 de marzo de 2024, con Ana Millán y Alfonso Serrano. Ahí, la denunciante expone su versión de un acoso que asegura sufrir desde hace diez meses y aporta informes sobre su actividad municipal. Y ahí, según relata, sus interlocutores no buscaron la protección que esperaba: la vicesecretaria Millán, en palabras que la querella reproduce, mostró dificultades para ser imparcial por su amistad con el alcalde; y ambos dirigentes, según la denunciadora, presionaron y coaccionaron para que no acudiera a la vía judicial.

Las frases citadas en el escrito son duras y significativas: consejos para evitar hacer público lo sucedido, advertencias sobre el daño mediático y apelaciones a la salud y la familia como razones para desistir. En suma, una invitación a silenciar la denuncia en aras de una protección que, en la práctica descrita, pasa por la inacción. Serrano, por su parte, desliza la posibilidad de que lo ocurrido nazca de un conflicto entre lo personal y lo profesional tras un rechazo, y advierte del impacto que una denuncia pública o judicial tendría sobre la propia denunciada.

La querella contiene además la afirmación de que, tras aquella reunión, la información se filtró al alcalde y este contactó con los concejales para conocer alineamientos. La denuncia se trasladó del juzgado de instancia de Móstoles a uno específico de violencia sobre la mujer, que la admitió a trámite el 15 de abril. Son hechos procesales que confirman que la vía judicial ya está en marcha.

No son opiniones: son los pasajes de un escrito que recoge la voluntad de una mujer que, afiliada al PP desde 2010 y con vínculos familiares con el partido, buscó primero resolver internamente lo que describió como una situación grave de acoso. Si la narración de la querella se sostiene en sede judicial, las preguntas que quedan son de responsabilidad institucional: ¿debe un partido ofrecer, sin ambages, el cobijo y la investigación interna que una militante reclama? ¿O puede la prioridad por la apariencia y la protección de cargos terminar desplazando el deber elemental de proteger a las víctimas?

No invento herejías ni exageraciones: reproduce el texto remitido a los tribunales. Lo que procede ahora es que la instrucción aclare los extremos denunciados y que las organizaciones políticas recuerden que la lealtad al militante no es una consigna retórica, sino una obligación moral y práctica. Cuando una petición de auxilio llega desde dentro, el primer deber debería ser escuchar y proteger, no coaccionar al silencio ni filtrar para que el presunto agresor mida sus apoyos. La justicia ya ha entrado en escena; la política, también debe hacerlo, con la claridad y la dignidad que exige el relato que hoy ha saltado de los despachos a los juzgados.