Economía

Cuando los servicios públicos rinden, la confianza se nota en las cifras: satisfacción media de 8/10, continuidad casi perfecta y políticas sociales y ambientales valoradas por la ciudadanía.

En Barcelona se habló claro: sin palancas fiscales que enfrenten la concentración de riqueza, la democracia se arriesga a convertirse en refugio de oligarcas. Los socialistas propusieron medidas concretas para revertir la tendencia.

El Ayuntamiento concede provisionalmente la explotación a Origen Murcia (grupo Orenes) por diez años. Más de 2.000 m², cerca de un millón de euros y unos 230 empleos prometen transformar el corazón comercial de Torrevieja.

El gobierno sueco impulsa el retorno al papel para remontar la caída en alfabetización. Empresas tecnológicas y expertos advierten riesgos para empleos y competitividad.

No es el mismo drama que Argentina o Ecuador, pero el resultado es frío: Costa Rica ocupa el tercer puesto en deuda con el FMI. La ruta fue distinta, pero la vulnerabilidad fiscal es real.

Un fallo histórico que apunta al corazón de la economía del ocio: un jurado determina que Ticketmaster cobró US$1,72 de más por entrada y que Live Nation ejerció prácticas monopolísticas.

El Restaurante Las Jarras cumple 50 años mostrando que la persistencia empresarial y el arraigo local son activos económicos reales. Una conmemoración que reunió familia, autoridades y gremio.

Mientras los cubanos sufren apagones y escasez, un holding ligado a las Fuerzas Armadas concentra miles de millones y sectores claves de la economía. Transparencia nula, rendición de cuentas ausente.

Isabel Díaz Ayuso acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de imponer un “infierno fiscal” y un “terror fiscal” que golpea especialmente al autónomo, mientras la recaudación se dispara a marchas forzadas.

Nombramiento necesario, pero no suficiente: el CNIO incorpora a una gestora experimentada cuando persisten investigaciones por contratación y un clima laboral fracturado.

Un ladrón se llevó por impulso una mochila que contenía un huevo Fabergé valorado en casi US$3 millones. La pieza no aparece; la empresa recibió una indemnización parcial. ¿Quién paga el resto del coste social y económico?

Una conversación en un mitin, un mensaje por Instagram, una colocación en una filial y la perplejidad del tribunal: ¿cómo se permite que la administración publique sea terreno de influencias?