Perder 428.274€: la factura de la improvisación en Alicante

La ciudad paga con euros una falta que debería pagarse con responsabilidades: 428.274 euros revocados por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial al Ayuntamiento de Alicante debido al incumplimiento del compromiso de iniciar las obras durante 2025. Así lo traslada el grupo municipal del PSOE, que apunta la causa: la tardanza en licitar los contratos.

No son cifras abstractas ni planes vaporosos: la subvención afectaba a proyectos concretos en cinco áreas industriales —Mercalicante, Pla de la Vallonga, Las Atalayas, Llano del Espartal y Agua Amarga— cuya ejecución no arrancará en el plazo requerido y, por eso, la Generalitat ha decidido revocar los fondos en una resolución fechada en febrero.

La concejala Silvia Castell lo ha dicho con claridad en el comunicado del PSOE: esto es, según sus palabras, una evidencia de «mala gestión y falta de planificación» del equipo de gobierno, que habitualmente reclama recursos a otras administraciones y después no ejecuta los proyectos comprometidos. En la oposición no se disimula la indignación: inversiones anunciadas en reuniones sobre el futuro Plan General conviven con la realidad de una subvención perdida.

El agujero no queda aislado. En la comisión de Hacienda se ha abordado una modificación de créditos que, según fuentes socialistas, busca tapar errores de gestión. La Concejalía de Infraestructuras ha tenido que reclamar a Hacienda que aporte los 428.274 euros que la Generalitat dejará de inyectar por el incumplimiento en los plazos.

La reordenación contable aprobada aborda también otros capítulos sensibles: se liquidan 1,7 millones de euros reservados para emergencias para destinarlos, dice el PSOE, a pagar intereses de demora por facturas y sentencias; y se recortan 1,2 millones previstos para plantilla municipal, de los cuales 640.000 euros estaban previstos para cubrir plazas de Policía Local y bomberos.

Ante la votación de la modificación de crédito, el PSOE se abstuvo: no quería bloquear el pago de facturas pendientes y sentencias condenatorias, pero dejó claro su diagnóstico político: señalan a la gestión de Barcala como responsable principal de la «caótica gestión económica» que, según la formación, lastra a Alicante.

Los hechos publicados por la prensa local muestran un cuadro nítido: subvención adjudicada, compromiso de ejecución en 2025, demora en la licitación, revocación administrativa y ajustes presupuestarios municipales. De ello resulta una pregunta inevitable para el gobierno local: si se anuncian inversiones y se piden fondos, ¿cómo es posible que no se organicen los procedimientos para cumplir los plazos y evitar la pérdida de recursos destinados a mejorar la economía industrial de la ciudad?