Cuando los guardianes cobran a escondidas: el agujero económico de la connivencia

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido —en auto fechado el 7 de abril— que un jurado juzgará probablemente en otoño a David Oliva, ex jefe antidroga del Estrecho de Gibraltar, por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. Sobre esa resolución pende una red de indicios que obliga a preguntar lo elemental: ¿qué coste tiene para la economía pública y privada que quienes deben proteger el orden se prostituyan con quienes lo atacan?

Los hechos conocidos son tozudos. Fiscalía Antidroga y Asuntos Internos consideran que Oliva y dos colaboradores se concertaron para colaborar con el clan de los Ariza, a quienes supuestamente investigaban. La instrucción señala presiones internas: Oliva habría urgido al guardia David Bernal a hurgar en las bases de Asuntos Internos —llegando a sustraer archivos— con la promesa de recolocarlo en Antidroga. Esa promesa constituye, en la calificación provisional de la Audiencia, el núcleo del delito de cohecho.

Pero los indicios no se agotan en promesas y comunicaciones interceptadas. El caso del teniente Israel Fuentes muestra el vínculo material con la organización: compartir festejos y viajes (Punta Cana, Estambul), acudir a bautizos de miembros del clan, y usar una titularidad formal de un Mitsubishi Montero cuya posesión real, según la investigación, correspondía a David Verdejo, una pieza relevante del clan Ariza. Todo ello, según Asuntos Internos, fue acompañado por un incremento patrimonial «completamente incompatible» con su nómina.

La contabilidad informal del hipótesis investigadora es clara en su aritmética: entre 2005 y 2022, Fuentes adquirió seis viviendas, cinco plazas de garaje y un trastero; participó en cuatro sociedades inmobiliarias; compró en 2022 una casa por un valor «muy inferior al de mercado y sin financiación» y pagó en efectivo 180.000 euros para rehabilitar otro inmueble. Alegaciones de uso de testaferros, incluido el de una madre de 74 años, completan el mapa de opacidad.

Ese flujo de recursos en negro, si se confirma, no es una cuestión marginal de moral pública: es un elemento corrosivo para la economía. Dinero en efectivo que compra vivienda y rehabilitaciones fuera del circuito financiero ordinario distorsiona mercados locales, priva a la hacienda pública de controles y tributos y alimenta estructuras empresariales opacas que compiten deslealmente con actores que cumplen la ley.

Además, la manipulación institucional descrita en la causa —desde la supuesta presión para obtener información interna hasta la cooptación de agentes— erosiona la confianza en las fuerzas encargadas de combatir el narcotráfico. La desconfianza tiene un coste económico real: genera inseguridad jurídica, eleva el riesgo de mercado en zonas afectadas por el narco y frena inversiones y actividad económica que dependen de la estabilidad institucional.

Resulta significativo que la instrucción se apoye en pesquisas de Policía Nacional y Asuntos Internos, y que el fiscal Antidroga encargado de la causa, Luis Uriarte, comparta la opinión de que hay indicios sobrados para llevar el asunto a juicio. También es relevante, en clave económica, que la disolución de OCON Sur en 2022 y la redistribución de sus miembros entre comandancias se hayan convertido en argumento de defensa del ex jefe, una estrategia que la Audiencia ha desautorizado en lo esencial.

No es tiempo de sentimentalismos: asoman daños tangibles. La acumulación inexplicable de patrimonio por parte de quien debía perseguir el dinero del narcotráfico, y las maniobras para burlar controles internos, plantean preguntas que van más allá de la ética policial y se meten de lleno en la salud económica del país. La economía necesita instituciones solventes; la sociedad exige transparencia; el Estado debe exigir responsabilidades. El proceso judicial que se abre será la ocasión para aclararlo todo y, si procede, para recuperar lo que la sombra del delito haya socavado.