La cuenta pendiente del dinero público: siete procesados por las ayudas a Boliden

La Justicia ha puesto el foco donde debe: sobre la gestión de 54,3 millones de euros transferidos para ayudas vinculadas a Boliden Apirsa. El auto del juez José Ignacio Vilaplana cierra la instrucción y eleva a procedimiento abreviado una causa en la que se aprecian indicios de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Es la respuesta procesal a una gestión que ahora tendrá que explicarse en sede penal por parte de siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Entre los procesados figura Manuel Recio, que fuera consejero de Empleo, junto a tres ex viceconsejeros, dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social y un ex director general de la Agencia IDEA. No se trata de nombres aleatorios: hablamos de quienes ocuparon puestos con capacidad decisoria sobre la concesión y el pago de las ayudas que, según el auto, habrían financiado pólizas de rentas temporales y un plan de recolocación para extrabajadores afectados por el ERE 3/2001.

El juez delimita con rigor: dos exconsejeros, Antonio Fernández y Martín Soler, han quedado provisionalmente sobreseídos por falta de indicios sólidos que permitan atribuirles una participación penalmente relevante. Esa distinción entre responsabilidades posibles y constatadas es esencial: la investigación apunta a directivos y responsables concretos, no a una posverdad que convierta sospechas en condenas anticipadas.

Los hechos investigados no son abstracciones: la empresa Boliden Apirsa y el colectivo de ex trabajadores percibieron 54.279.986,16 euros. De esa cifra destaca una partida de 52.511.754,30 euros destinada a financiar compromisos de concesión y pago de "ayudas sociolaborales" mediante la financiación de una póliza colectiva suscrita por CCOO y UGT con Vitalicio Seguros, y un suplemento de 1.768.231,86 euros para rentas vitalicias adicionales. Son cifras y destinatarios concretos que ahora justifican el escrutinio judicial.

El auto del juez no olvida los matices del relato: constata declaraciones que apuntan a acuerdos entre directivos de las consejerías implicadas y hasta la asunción de esas decisiones por sucesivos viceconsejeros, pero subraya la ausencia de manifestaciones concluyentes que acrediten el beneplácito de los consejeros superiores. En otras palabras: hay indicios que alcanzan a quienes gestionaron y dispusieron fondos, y lagunas probatorias respecto a los máximos responsables políticos.

Es legítimo exigir que la administración pública rinda cuentas con celo y que el rumbo del dinero común no quede a merced de arreglos opacos. La decisión del TSJA de avanzar hacia procedimiento abreviado contra siete ex altos cargos responde a ese imperativo. Que la causa siga su curso no es un afán persecutorio sino la activación del mecanismo de control que protege el bien público: transparencia, legalidad y responsabilidad serán las mesas de examen en las que se dirimirá el alcance real de estos hechos.