Política española

Feijóo acusa a Sánchez de 'traicionar' los pilares del europeísmo; FAES apunta a una reubicación estratégica hacia China y advierte sobre los intereses que la acompañan.

El exsenador Gaspar Zarrías admite haber pagado 16.000 euros por cuatro meses a Leire Díez para averiguar si el comisario Villarejo estaba detrás del inicio de la investigación de los ERE; el trabajo no aportó prueba alguna.

No todo problema doméstico exige una pantalla. Con pocos objetos bien elegidos y rituales breves se puede sostener la atención del bebé y favorecer su desarrollo sin recurrir al estímulo fácil del video.

La Sección de Instrucción de Madrid sale en defensa del magistrado Juan Carlos Peinado tras las críticas del Ejecutivo. La Junta recuerda que "la ley es igual para todos" y defiende la independencia judicial.

Un habitáculo sellado, un reloj que no encaja y una conducta que no fue contada: la reapertura del caso obliga a mirar a la casa donde se encontró el zulo.

Alberto Núñez Feijóo tilda al Gobierno de Pedro Sánchez de ‘traidor’ a Europa tras la regularización extraordinaria de inmigrantes y exige medidas para recuperar la confianza ciudadana.

En plena ofensiva de Sumar para salvar la prórroga de los alquileres, Díaz dibuja a Junts como un socio imposible. La votación depende de siete votos que ya han anunciado su rechazo.

La devoción por ejes internacionales ha provocado expulsiones, críticas internas y el riesgo real de desangrar la representación municipal de Vox en Madrid.

Fuentes presentes en la reunión de Sánchez con Xi niegan giro español sobre Taiwán. Pekín, sin embargo, difundió un comunicado distinto: otra vez, China reescribe lo dicho.

El Gobierno defiende una medida sustentada en informes económicos y controles penales; la oposición responde con palabras duras que el decreto ya desactiva en parte.

Feijóo desplegará una estrategia en abanico: actos propios en Andalucía, presencia medida y coordinación para reforzar el perfil andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla.

Que alguien pueda diseñar normas para luego explicar cómo explotarlas en la privada no es sólo un conflicto moral: es una grieta en el edificio del interés público. El escándalo es que, según Méndez, esto sea legal.