Los dueños del Estado: cuando lo público se convierte en trampolín privado

Rafael Méndez ha hecho lo que todo buen periodista patriota debe intentar: mirar al corazón del poder y señalar las blanduras que lo sostienen. En Los dueños del Estado describe, con nombres y apellidos y con fuentes que conocen los pasillos, un régimen de permisividades que permite que el conocimiento público se transforme en lucro privado sin más cortapisa que la legalidad formal.

No hablamos de rumores ni de anécdotas aisladas. Hablamos de abogados del Estado que, en excedencia, pleitean contra la propia Administración; de quienes firmaron leyes —como la Ley de Puertos— para, acto seguido, cobrar por enseñar a beneficiarse de ellas. Hablamos de compatibilidades que se concedieron y se mantienen, de plazas especiales en las que se conjuga lo público y lo privado; Méndez cita porcentajes y listas: alrededor del 40% de abogados del Estado entre excedencia y servicios especiales, y plazas que llegaron a ser 40 y que por transparencia se identificaron como 33, dejando hoy en torno a 17 u 18 vigentes. Son cifras que no son meras estadísticas: son puertas giratorias en plena luz.

El problema no es la excelencia profesional de quienes acceden por mérito —las oposiciones son durísimas y prestigian el ingreso— sino lo que ocurre después: el retorno al sector privado con salarios “astronómicos” y con la llave de los procedimientos, de los contactos y de los vericuetos normativos. El relato de casos como el de Joaquín Abajo Quintana, con visibilidad pública, juicio y condena, y sin consecuencias definitivas en la carrera administrativa, debería ser alarma y no excusa. Y sin embargo, Méndez nos recuerda que la respuesta ha sido la de siempre: se deja hacer.

¿Qué dice esto de la responsabilidad del Estado y de la confianza ciudadana? Que la legalidad no siempre coincide con la decencia pública. Que existe una cultura institucional que protege su impunidad: si quien explora un conflicto es poderoso dentro de la administración, puede bloquear políticamente; si se sale de la norma, la sanción es a menudo temporal o simbólica. El resultado es una administración que funciona, en no pocos casos, como banco de pruebas para intereses privados.

No se trata de demonizar a las instituciones ni a quienes las integran; se trata de exigir que lo público tenga barreras razonables contra el aprovechamiento privado. Limitaciones claras —como impedir pleitear contra la Administración tras una etapa en ella— son medidas que cualquier empresa sensata aplicaría y que aquí brillan por su ausencia. No es una cuestión sólo ética: es una cuestión de integridad institucional y de defensa del interés común.

El libro de Méndez no ofrece recetas fulminantes; ofrece exposición y datos. Esa exposición debe bastar para que la política, esa herramienta primaria de la soberanía, recupere su función: servir al interés general y no proporcionar correas de transmisión para quienes encuentran en la Administración el trampolín hacia la empresa. Si la ley lo permite, la democracia exige que la ley cambie.