Contratar a quien investiga: la encrucijada del PSOE y el caso Villarejo

Hay decisiones que no se resignan a la discreción; se tapan, se justifican y, aun así, acaban por salir a la luz. El relato que hoy ha trascendido en el Juzgado nº 9 de Madrid lo confirma: Gaspar Zarrías, otrora hombre relevante del PSOE andaluz, admitió haber contratado, a través de su sociedad Zaño Sociedad Consultora, a Leire Díez entre junio y septiembre de 2024 para buscar si el comisario José Manuel Villarejo pudo estar detrás del germen del caso de los ERE.

Dieciséis mil euros por cuatro meses de pesquisas: una cantidad y un encargo que Zarrías justificó ante el instructor Arturo Zamarriego y ante las partes. Lo que revela esa admisión es, antes que nada, una inquietud: la de un político vinculado a investigaciones de calado que, privado de certezas, decide encomendar indagaciones privadas. Lo que no revela es una conclusión: según lo declarado, las pesquisas no consiguieron demostrar que Villarejo urdiera el origen de aquella causa autonómica.

Este episodio se inscribe en un procedimiento mayor. El juez investiga si la actividad desplegada por Leire Díez y por el empresario Javier Pérez-Dolset entre 2024 y 2025 fue mera investigación periodística, como ellos sostienen, o si encubrió un supuesto “plan delictivo” orientado a desacreditar a cúpulas anticorrupción de la Guardia Civil y la Fiscalía. Zarrías ha aportado un pendrive con el material recabado y ha declarado satisfecho por haber explicado su relación laboral con Díez; pero su testimonio aporta, sobre todo, la constatación de que, tras ese encargo, no hubo hallazgo que conecte a Villarejo con el inicio de los ERE.

No es un detalle menor que quien admitió haber contratado la investigación sea una figura que llegó a ser condenada por el caso ERE —condena posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos—. Esa circunstancia obliga a la prudencia y a la exigencia: las piezas del rompecabezas deben encajar sin huecos de sospecha, y las decisiones privadas de actores con protagonismo en causas públicas demandan máxima transparencia y escrutinio judicial.

La versión ofrecida por Zarrías casa con la defensa de Díez: su actividad, según consta en las declaraciones y en la propia presentación inicial, se presentó como periodística y, en la práctica, concluyó sin probar la hipótesis que motivó el encargo. El hecho probado —el pago, la duración del contrato, la entrega de un informe y la ausencia de pruebas sobre Villarejo en ese informe— trae consigo interrogantes políticos y éticos que no se resuelven con silencios ni con explicaciones a medias.

La justicia continuará su trabajo: el juez Zamarriego lleva casi un año examinando reuniones y documentos para determinar el carácter de las actuaciones de Díez y Dolset. La ciudadanía exige, con razón, que se dilucide si hubo investigación legítima o si, por el contrario, existió intento de desarticular causas en curso. Mientras tanto, los hechos acreditados en sede judicial invitan a una reflexión contundente: en política, contratar quien investiga puede ser legítimo, pero exige claridad absoluta para no alimentar desconfianzas que ya pesan sobre el pluralismo, la acción pública y la credibilidad de las instituciones.