Los jueces de Instrucción de Madrid plantan cara: defensa firme de Peinado frente a los ataques del Gobierno

La justicia ha respondido con voz colectiva. La Junta de Jueces de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha emitido una declaración institucional en respaldo del juez Juan Carlos Peinado ante lo que califican de "ataques" y "descalificaciones" procedentes, entre otros, del ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El choque no es retórico: nace de una instrucción concreta. El auto de Peinado en el que propuso juzgar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, desencadenó las críticas dentro del Ejecutivo. Félix Bolaños llegó a afirmar que la instrucción desarrollada durante dos años "ha avergonzado a muchos ciudadanos, ha avergonzado a muchos jueces y magistrados en nuestro país" y que ha causado un daño "irreparable" a la justicia.

Frente a esas palabras, los jueces de Instrucción de Madrid han reaccionado con rotundidad institucional. En su comunicado muestran rechazo a las descalificaciones y expresan apoyo a Peinado "frente a los ataques profesionales y personales que está recibiendo en los últimos días y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta".

La Junta no se queda en la mera defensa personal: recuerda un principio elemental y republicano que comanda la razón pública: "La ley es igual para todos, sin privilegios, y desde esta premisa, seguiremos defendiendo nuestra función constitucional, como integrantes del Poder Judicial y de servicio público a los ciudadanos". Esa afirmación sitúa la controversia en el terreno de la independencia judicial y del deber de los tribunales frente a presiones políticas.

Lo ocurrido plantea, sin añadir juicio que no esté en la noticia, una tensión evidente entre la actuación judicial que culminó en un auto y la reacción clara de miembros del Gobierno. El intercambio de reproches públicos obliga a todos los actores a preservar la institucionalidad: la fiscalización de la actuación jurisdiccional debe producirse por los cauces previstos, y la expresión pública de desacuerdo no puede erosionar la confianza en la maquinaria judicial sin fundamentos probados.

La decisión de la Junta de Jueces de Instrucción de Madrid de emitir un comunicado colectivo es, además, un mensaje al conjunto de la sociedad: los juzgados reclaman respeto a su función y anuncian su voluntad de defender la igualdad ante la ley. En el fragor de la controversia, esa exigencia de neutralidad y de presunción de independencia debe ser escuchada y garantizada por todos los poderes públicos.