Política española

Admitir ingresos millonarios sin explicar con precisión de dónde proceden ni quiénes son los clientes no es discreción: es un déficit democrático. España merece claridad, no eufemismos.

Negar la posibilidad de una mayoría absoluta de PP y Vox sería irresponsable. Hay datos y precedentes —y conviene pensar opciones que, sin mentiras, protejan la convivencia democrática.

Un tribunal que aplica doctrina europea abre la puerta a más información para los investigados; la Audiencia Nacional y la Fiscalía Antidroga advierten del impacto en investigaciones contra el narcotráfico.

Las dentelladas internas a Abascal evidencian una pelea que no es solo por poder: señalan a un entramado empresarial que habría convertido el partido en caja y proveedor. La pregunta clava: ¿quién manda y con qué intereses?

Que una empresa ligada al entorno íntimo del líder cobre casi 1,3 millones en un solo año plantea preguntas que no admite evasivas. La Auditoría y los disidentes piden luz sobre un entramado financiero estrechamente imbricado con el partido.

El promotor del CGPJ recomienda el sobreseimiento de hasta siete diligencias informativas contra el instructor Juan Carlos Peinado. La última palabra la tendrá una comisión de mayoría conservadora.

Vox niega la filtración, pero el juzgado ha admitido la querella y dos altos cargos del partido están imputados. La política merece claridad, no cortinas de humo.

El reencuentro de Cabezón de la Sal con Matilde de la Torre no es solo una inhumación: es una restitución de memoria para una de las primeras diputadas españolas y defensora de la educación y la cultura popular.

Un chalé de protección oficial adjudicado sin sorteo, la omisión en la declaración de bienes y una fecha manuscrita que no cuadra: hechos que han terminado en denuncia y en investigación fiscal.

Vox publica un comunicado extenso que justifica y reivindica los servicios de Tizona Comunicación, sin detallar las cantidades pagadas pese a las cifras publicadas por la prensa.

Soledad Iparraguirre, 'Anboto', abandona Martutene en régimen de semilibertad concedido por el Gobierno Vasco. Covite lo tilda de “escandaloso e injustificable”.

Durante casi cuatro años le usurparon fotos, crearon cuentas con miles de seguidores y convirtieron su vida privada en un arma contra ella. La víctima denunció y la respuesta fue insuficiente.