Semilibertad para 'Anboto': ¿recompensa o agravio a las víctimas?

La imagen es simple, pero amarga: pasadas las diez de la mañana, Soledad Iparraguirre —la conocida como 'Anboto'— sale del módulo de Martutene en San Sebastián, gafas oscuras, cazadora verde y vaqueros, escoltada por allegados que blindan su paso ante los medios. No es una postal cualquiera. Es la materialización de una decisión administrativa que permite a una persona salir de prisión de lunes a viernes y volver únicamente para pernoctar.

El régimen aplicado es el previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario: semilibertad bajo la condición de entregar un “plan de ejecución” que acredite trabajo o voluntariado con horarios concretos. Es la fórmula que, según la Administración penitenciaria, facilita la transición a la reinserción. Es, en definitiva, el argumento técnico que ha sustentado la medida concedida por el Gobierno Vasco.

Pero la técnica choca con la indignación pública. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha calificado la concesión de “escandalosa e injustificable”. No se trata de un enojo abstracto: Iparraguirre fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y figura vinculada a 14 asesinatos, datos que pesan en la memoria colectiva y en el dolor de las víctimas.

No es un caso aislado en el calendario reciente: en febrero, el mismo artículo 100.2 se aplicó al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', provocando también críticas desde asociaciones de víctimas. Ese precedente convierte la decisión en patrón, y no en excepción, lo que explica la alarma y el reproche público.

La biografía de quien hoy disfruta de ese régimen es parte del contexto que alimenta la controversia. Iparraguirre, de 65 años y nacida en Eskoriatza (Gipuzkoa), fue detenida en octubre de 2004 en Francia junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu 'Antza', en una vivienda en Salis-de-Béarn donde residía con su hijo. En el momento de su detención, según las investigaciones, estaba supuestamente al frente del aparato de extorsión de la banda. Años después, en 2018, puso voz, junto a otros dirigentes como Josu Urrutikoetxea Bengoetxea y Josu Ternera, al anuncio de la disolución de la organización terrorista.

El choque entre la aplicación mecánica de una norma penitenciaria y la percepción de impunidad o privilegio para quienes participaron en delitos de extrema gravedad es el nudo de la controversia. La semilibertad, sustentada en un plan de trabajo o voluntariado, se enfrenta a la memoria de condenas y asesinatos vinculados a la persona beneficiada. Es imposible separar la medida del impacto moral y político que tiene sobre las víctimas y la sociedad.

Resulta razonable plantear preguntas que el Gobierno Vasco y las autoridades penitenciarias deben responder con claridad: ¿cómo se evalúan, de forma pública y transparente, los riesgos y consideraciones éticas cuando se aplica el artículo 100.2 en casos de terrorismo? ¿Qué garantías existen para que la medida no sea percibida como un agravio comparativo frente a las víctimas? Mientras esas respuestas no lleguen con contundencia, la decisión seguirá siendo mirada con recelo y dolor.

La ley contempla instrumentos para la reinserción. El respeto a la legalidad es imprescindible. Pero también lo es la sensibilidad hacia quienes sufrieron en carne propia las consecuencias del terrorismo. No puede haber administración de justicia que ignore la memoria de las víctimas sin pagar un elevado coste de legitimidad democrática.

Es hora de que las instituciones expliquen con rigor los criterios aplicados y asuman la responsabilidad política de las decisiones que, aunque previstas en el reglamento, tienen consecuencias sociales y simbólicas profundas. La reconciliación exige transparencia, y la reparación exige que no se extinga la voz de quienes todavía reclaman justicia.