Vox se blinda y responde: la exigencia de transparencia frente a los hechos

La noticia, en apariencia técnica, no admite enmienda: Vox ha hecho público un comunicado para defender sus relaciones con Tizona Comunicación tras la publicación de que la consultora facturó casi 1,3 millones de euros a la formación en 2020. Es un gesto de contención y respuesta institucional que confirma, cuando menos implícitamente, la existencia de una relación comercial intensa en años cruciales para el partido.

El texto del partido no rehuye la defensa. Al contrario, reivindica «el inmejorable trabajo realizado por Tizona Comunicación» y agradece a sus directivos los «logros cosechados» en el periodo en que la consultora, según el propio comunicado, mantuvo entre 20 y 25 profesionales contratados. Vox enmarca esa contratación en el tránsito desde una estructura mínima tras su entrada en el Parlamento andaluz en 2018 hasta la proyección nacional que culminó en su presencia en el Congreso.

La enumeración de servicios que ofrece el comunicado no es menor: asesoría en comunicación, diseño y producción audiovisual, gestión de web, resúmenes diarios de prensa, formación de candidatos, redacción de posicionamientos, análisis estratégicos, discursos, campañas de relaciones exteriores y asesoría para portavoces en parlamentos y ayuntamientos. Son prestaciones que, según Vox, contribuyeron a consolidar la posición del partido en 2019 y 2020.

Aquí surge el núcleo de la discusión: la prensa ha publicado importes concretos —más de medio millón en 2019 y casi 1,3 millones en 2020, según EL PAÍS—, mientras que el comunicado oficial no revela el volumen total de pagos realizados por Vox a Tizona y al resto de sociedades del grupo empresarial controlado por los asesores Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza. La ausencia de cifras detalladas mantiene viva la demanda pública de transparencia, aunque Vox sostenga que los contratos han sido auditados por el Tribunal de Cuentas «sin que este organismo supervisor haya señalado ninguna irregularidad».

No es posible soslayar otra arista señalada por la información pública: se menciona la contratación, por una editorial del grupo, de la esposa de Santiago Abascal por 63.600 euros anuales, hecho que ha alimentado críticas internas y externas y que ha llevado a abrir expedientes a responsables dentro del partido. Son datos que forman parte del expediente público y que exigen, por higiene democrática, respuestas claras sobre procedimientos y decisiones.

Vox apela además a los reconocimientos externos obtenidos por la consultora —premios Napolitan Victory Awards en 2020 por su trabajo en 2019— como aval de la profesionalidad contratada. Es una defensa legítima desde el punto de vista de reputación profesional; pero la legitimidad política demanda, al mismo tiempo, claridad contable. Si la razón de ser de la acción fue reforzar estructuras y ganar representación, como afirma el partido, corresponde ahora explicar con precisión las cantidades y los mecanismos de adjudicación, no solo la eficacia comunicativa.

La comunicación pública es también responsabilidad pública. Que los contratos hayan sido auditados por el Tribunal de Cuentas y que el partido reivindique la labor de sus proveedores son hechos que deben conjugarse con una voluntad de transparencia exhaustiva. Las sociedades que prestaron servicios, las cifras, los procedimientos de adjudicación y las razones de contratación en momentos determinados son información que la ciudadanía y los órganos de control tienen derecho a conocer con nitidez. La política que exige pulcritud a los demás debe practicarse con igual rigor en casa.

La respuesta de Vox es, por tanto, una pieza más del debate: afirma, explica y reivindica; la prensa aporta cifras y preguntas; la sociedad reclama claridad. Ese tríptico de hechos exige una respuesta completa y documentada. No bastan las defensas de mérito: la democracia exige cuentas y comprensión plena de lo ocurrido en los años en que el partido se estructuró para asumir responsabilidades públicas.