Cuando la transparencia queda en papel: Palencia, chalé VPO y sospechas que exigen respuesta

La verdad, cuando emerge, no siempre lo hace elegante ni amable; a veces irrumpe como una concatenación de desaciertos administrativos que derivan en sospecha pública. En Palencia, los hechos conocidos apuntan a una secuencia clara: una concejala del PP, Laura Lombraña, fue adjudicataria —sin sorteo previo, según marca la normativa autonómica— de uno de los 47 chalés de protección oficial entregados en abril de 2023. Ese chalé, con piscina comunitaria, figura como propiedad omitida en la declaración de bienes publicada en el Portal de Transparencia municipal, donde la edil solo declaraba 7.000 euros en su cuenta corriente en la documentación firmada el 13 de junio de 2023.

La omisión, por sí sola, obliga a preguntas que reclaman respuesta documental precisa. Lombraña declaró a este diario el 3 de marzo que la declaración «no estará actualizada» y que había enviado una actualización a la Secretaría, sin precisar fecha. Las fuentes municipales desmienten esa versión. La comprobación administrativa llevó a descubrir un documento manuscrito, sin fechar, que supuestamente fue entregado el 21 de julio de 2024 ante la Secretaría General; un día que fue domingo y en el que las dependencias municipales estaban cerradas y la secretaria general —María Rosa de la Peña— de vacaciones, según consta en la denuncia municipal.

La explicación oficial municipal, recogida en el escrito presentado en sede judicial, apunta a una corrección propuesta por la propia secretaria general: la fecha correcta sería el 21 de junio de 2024. Pero no se aportó acreditación que sustentase ese supuesto error; la secretaria, según el acta de la reunión, no recordaba haber dado fe un domingo y no tenía documento que demostrara la rectificación. Días después, la alcaldesa socialista, Míriam Andrés, cesó a la secretaria por «pérdida de confianza». La interesada ha recurrido el cese.

La gravedad de los hechos ha llevado al Ayuntamiento a presentar denuncia contra la concejala y contra la secretaria municipal. Este escrito se suma a la investigación abierta por la Fiscalía la semana pasada tras la denuncia de Podemos en Castilla y León y a la causa ya iniciada tras la publicación de EL PAÍS el 3 de marzo. Son procedimientos distintos, pero confluyentes en un hecho central: la necesidad de depurar responsabilidades y de aclarar documentalmente cómo se produjo la adjudicación y por qué no constó la propiedad en el Portal de Transparencia.

No se trata aquí de juicios de intención sino de exigir que la gestión pública se sujete a la letra y al espíritu de las normas. Cuando la adjudicación de viviendas protegidas muestra ecos de otros casos —como el de Alicante, que también puso sobre la mesa presuntas irregularidades en accesos a VPO en zonas privilegiadas—, la sociedad tiene derecho a respuestas claras, a documentación verificable y a que los responsables, si procede, afronten las consecuencias legales.

Palencia tiene ahora procedimientos abiertos: una denuncia municipal y la investigación fiscal. Los hechos están sobre la mesa; corresponde a la justicia y a la administración clarificar cada punto. La ciudadanía espera que la transparencia deje de ser un lema y se convierta en hechos, en fechas coherentes, en registros verificables y en responsabilidades asumidas cuando tocan.