Política española

La investidura de Jorge Azcón consuma una novedad histórica para el PP aragonés y se cimenta en un pacto de 13 epígrafes y 117 medidas; la votación apenas ofreció sorpresa.

Víctor de Aldama relató en el Supremo cómo funcionó una red de corruptelas al calor del poder; palabras que resquebrajan la narrativa oficial y exigen explicaciones.

Alejandro Nolasco no ocultó su voto a favor del PP el 29 de abril: 117 compromisos por escrito, 14 diputados (13 presentes) y la certeza de una mayoría que, dijo, será aplastante.

La iniciativa de Vox para ilegalizar a Bildu fue rechazada en el Senado tras la abstención masiva del PP, que prefirió la prudencia jurídica a la demagogia mediática.

A dos años de instrucción, Ferraz denuncia 'mentira tras mentira' tras la acusación de Aldama que situó a Sánchez como 'el 1 de la organización criminal'. El partido anuncia nuevo amparo judicial.

Una imagen —un meme con Esteban 'lanzándose a la piscina'— ha llevado la crisis entre PNV y PSE-EE al seno del Gobierno vasco. El lehendakari reclama volver al compromiso público de conducta política.

El Grupo Municipal Socialista reclama con urgencia un plan municipal para erradicar el sinhogarismo en Benidorm. Denuncian intervenciones puntuales del equipo de Toni Pérez que no atacan la raíz del problema.

El portavoz socialista Héctor Díez denuncia que las 1.500 plazas subterráneas prometidas por Pablo Ruz «se han quedado durmiendo en el cajón». Un eje de campaña convertido en silencio administrativo.

En Antequera, Juanma Moreno ha colocado a las personas en el centro y defiende la contribución de la inmigración regular al empleo y a la economía, en claro contraste con la ‘prioridad nacional’ defendida por Vox y algunos dirigentes populares.

El Ayuntamiento adjudica las reformas integrales de dos mercados históricos por 4,4 millones. Empiezan en junio; diez meses de obra que prometen dinamizar Carrús y recuperar tejido comercial.

La declaración de Morocho en la Audiencia Nacional describe, con datos probados, la recepción de un correo interno que correlacionaba teléfonos, personas, vehículos y sociedades vinculadas a Luis Bárcenas; y lo califica como la constatación de una operación policial sin autorización judicial.

La defensa aporta un tercero de sus informes: firmado por un profesor titular, afirma que los fondos recibidos se emplearon según convenio y que existe un superávit cercano a 12.856 euros.