Acusaciones de EE.UU. contra Rubén Rocha: tormenta sobre la soberanía y la política

La decisión de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de acusar a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos de colusión con el Cártel de Sinaloa ha encendido una crisis diplomática y política. Entre los señalados figura Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y dirigente histórico de la izquierda mexicana, cuyo nombre ha concentrado desde el primer momento la atención mediática.

Las imputaciones estadounidenses sostienen que Rocha habría recibido apoyo del Cártel de Sinaloa para ser electo, apoyo que incluyó presión contra adversarios, y que, a cambio, permitiría al grupo operar sin intervención de las autoridades estatales. Son alegaciones fuertes y específicas formuladas por fiscales del Distrito Sur de Nueva York; Rocha, por su parte, ha rechazado los señalamientos y los ha calificado como una "calumnia" sin veracidad ni fundamento.

No es accidental la atención sobre Rocha. Nacido en Badiraguato, Sinaloa, en 1949, comparte municipio de origen con Joaquín "El Chapo" Guzmán, nacido en 1957, una coincidencia biográfica que la prensa y los informes han subrayado al interpretar el caso. Además, la prensa recuerda que Ismael "El Mayo" Zambada afirmó que el día de su detención iba a reunirse con Rocha, afirmación que el gobernador ha negado.

La imputación estadounidense se produce en un contexto ya tenso: Washington, en la era de Donald Trump, sostiene la tesis de que México está permeado o controlado por los cárteles, y la Fiscalía de Nueva York ha puesto sobre la mesa nombres de miembros de Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Entre los señalados aparecen también otros parlamentarios y exfuncionarios, lo que amplifica el alcance político de las acusaciones.

La respuesta oficial desde el gobierno mexicano no fue de indiferencia ni de encapsulamiento: la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que "no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito", pero advirtió que, "si no existen pruebas claras", el objetivo de las imputaciones del Departamento de Justicia sería político. Subrayó además la defensa de la soberanía mexicana y la oposición a la intromisión de un gobierno extranjero en decisiones internas.

Los antecedentes biográficos de Rocha son públicos y han sido reseñados por la prensa: dirigente estudiantil en 1968, líder sindical y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en los años noventa, varios intentos de llegar a la gubernatura en décadas anteriores, incorporación a Morena en 2017, elección como senador en 2018 y triunfo en la gubernatura en 2021. También aparece en su historial la autoría de una novela sobre el surgimiento del crimen organizado en Sinaloa, aspecto que medios como The New York Times han destacado.

Estamos, por tanto, ante un caso que combina imputaciones judiciales de un país aliado, coincidencias de origen y una trayectoria pública larga y conocida. Las palabras de la Fiscalía de Nueva York pesan por su alcance; la negación de Rocha y la defensa de la Presidencia ponen en guardia sobre la dimensión política de la disputa. El reto es claro: exigir pruebas, preservar la legalidad y defender la soberanía, sin que la defensa de la nación sirva de parapeto para la impunidad ni la acción externa para la injerencia política.