Europa planta cara: Sánchez y Albares quedan en minoría sobre Delcy Rodríguez

El Parlamento Europeo ha dicho no. Frente a la petición trasladada por el Gobierno de España —a favor de retirar las sanciones a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez— la Eurocámara ha solicitado al Consejo Europeo que mantenga las medidas contra quienes considera responsables de violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

La resolución del Parlamento exige condiciones precisas: la liberación incondicional de todos los presos políticos, la retirada y anulación de los procesos judiciales contra la oposición y el establecimiento de un calendario creíble hacia unas elecciones libres, transparentes y supervisadas internacionalmente. Condiciones que, según los eurodiputados, deben materializarse antes de plantear cualquier levantamiento de sanciones.

Lo llamativo del resultado no es solo su contenido sino la geopolítica doméstica que revela: fuentes del PSOE explican que votaron a favor del texto porque lo consideran positivo y porque introdujeron enmiendas que, a su juicio, mejoran la propuesta inicial. Esa posición contrasta con la postura pública del Gobierno, que en febrero pidió a la UE que retirase las sanciones y cuyo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido iniciar ese proceso.

El Ejecutivo también ha dado muestras de una voluntad de diálogo con Caracas: la Presidencia del Gobierno ha invitado a Delcy Rodríguez a la cumbre latinoamericana que se celebrará en Madrid en noviembre, argumentando que deben acudir quienes representan internacionalmente a cada país. Sin embargo, la dirigente venezolana no puede entrar en territorio de la UE debido a las sanciones vigentes, un hecho que el Parlamento Europeo ha tenido presente al ratificar su rechazo a la propuesta del Gobierno.

En el debate público, el Partido Popular Europeo ha cargado con dureza contra la figura de Delcy Rodríguez, recordando su papel en el aparato chavista y criticando la invitación española como un gesto que, a su juicio, desafía a Europa.

El choque entre las instituciones europeas y el Gobierno español, y la discrepancia interna que revela el voto del PSOE, plantean preguntas contundentes: ¿qué mensaje envía España a la UE cuando sus representantes en Bruselas actúan en abierto contraste con el Ejecutivo? ¿Cuál es el peso real de la diplomacia española cuando sus iniciativas se topan con una mayoría parlamentaria europea que pide pruebas tangibles de avances democráticos?

En tiempos de complejas alianzas internacionales y de respeto escrupuloso al Derecho Internacional, la coherencia entre política exterior y posicionamiento parlamentario no es accesorio: es elemento central de credibilidad. El Parlamento Europeo ha fijado condiciones claras; corresponde ahora al Gobierno explicar, ante la opinión pública y ante Europa, cómo piensa conciliarlas con su iniciativa diplomática.