Negligencia que mata: el hospital señalado como epicentro de una ola de VIH infantil

La información recabada por BBC Eye pinta un cuadro intolerable: 331 niños dieron positivo en pruebas de VIH en la ciudad de Taunsa entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. Ese número no es una estadística distante: son vidas rotas, familias acosadas por la enfermedad y por el estigma —"Los demás niños no juegan conmigo desde que me infectaron", dice Asma—. Y detrás late, según la investigación, una práctica clínica que debería considerarse criminal por su negligencia.

Las pruebas visuales son contundentes. Tras 32 horas de grabación encubierta en el THQ Taunsa a finales de 2025, BBC Eye documentó la reutilización de jeringuillas en viales multidosis en 10 ocasiones distintas; en cuatro de esos casos, el mismo vial fue usado para administrar medicamento a un niño distinto. Los riesgos de contaminación y transmisión están descritos por expertos: incluso si se coloca una aguja nueva, el cuerpo de la jeringuilla puede contener virus que se transmiten al siguiente paciente, advirtió el Dr. Altaf Ahmed tras ver las imágenes.

No se trata de negligencias aisladas ni de rumores locales. En 66 ocasiones filmadas, personal —incluido un médico— administró inyecciones sin guantes estériles. Vimos a una enfermera rebuscar en un contenedor de residuos sanitarios sin protección. Expertos citados por la investigación subrayan que estas conductas vulneran todos los principios básicos de la administración de medicamentos inyectables y evidencian carencias en la formación en control de infecciones.

La cadena de indicios resulta aún más grave al cruzar los datos clínicos: de una muestra de 97 niños con VIH cuyas familias también se sometieron a pruebas, solo cuatro de sus madres dieron positivo, lo que sugiere que la transmisión vertical madre-hijo explica muy pocos casos. Los registros provinciales señalan además que la "aguja contaminada" fue la vía de transmisión en más de la mitad de los 331 casos; en los demás la vía no se especifica. Son señales que exigen investigación y rendición de cuentas.

Frente a estas evidencias, la respuesta institucional ha sido tibia y contradictoria. El gobierno de Punyab intervino en marzo de 2025 cuando informó de 106 casos y suspendió al entonces director médico del THQ Taunsa. Sin embargo, BBC Eye demuestra que las prácticas peligrosas continuaron meses después. El nuevo director médico, el Dr. Qasim Buzdar, se negó a reconocer la autenticidad de las imágenes y sugirió que podrían ser anteriores a su mandato o incluso un montaje, afirmando que su hospital es seguro para los niños.

Que existan señales, datos y testimonios que apuntan a un nexo entre prácticas inseguras y un brote masivo obliga a una reacción firme. Esto no es solo una crisis sanitaria: es una falla de sistema que mezcla formación insuficiente, protocolos incumplidos y, encima, la negación oficial. Mientras tanto, familias como la de Mohammed Amin y Asma lloran muertos y viven el aislamiento social del estigma. El relato periodístico documenta lo ocurrido; ahora corresponde a las autoridades responsables, con recursos y poder de supervisión, actuar con transparencia, investigar a fondo y asegurar que no se repita lo ocurrido.

La memoria de los niños afectados y el derecho a la salud pública exigen que las imágenes y los datos que ahora afloran no sean amortiguados por pretextos ni por dilaciones administrativas. Se necesita investigación independiente, sanciones claras allí donde correspondan y, sobre todo, medidas inmediatas de control de infecciones y formación que garanticen que una aguja o la ausencia de guantes no sigan convirtiéndose en vectores de tragedia.