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El acuerdo para investir a María Guardiola no disipa las tensiones: Vox acusa a Génova de una campaña diseñada para neutralizar a Abascal. Si se les presenta como el demonio, advierten, la destrucción mutua estará asegurada.

Tras meses de crecimiento por captar voto popular, abril sitúa a Vox ante un techo: el trasvase de votos desde el PP se reduce a la mitad y el partido opta por entrar en gobiernos autonómicos para contener la hemorragia.

Miles en Madrid reclamaron la vuelta de María Corina Machado y celebraron reconocimientos institucionales: un mensaje claro desde la diáspora: Venezuela será libre.

La gira de María Corina Machado en Madrid reaparece como temblor íntimo: el exilio reconoce el dolor y pronuncia la esperanza en voz alta. No es política fría; es lágrima y deber.

La jueza ha apreciado indicios y ordena diligencias esenciales: declaración de la denunciante y examen forense. Se inicia una fase judicial que será larga y polémica.

Un pacto que no es tibio ni circunstancial: exige reformar la ley de extranjería, excluye a inmigrantes irregulares de prestaciones estructurales y condiciona ayudas y vivienda a la vinculación al territorio.

En privado la coalición recuerda que las encuestas colocan a Podemos como "el pequeño" y que Irene Montero no es opción para encabezar la unión. La supervivencia del espacio morado, dicen, exige incorporación sin dictados.

Un juez especializado ha encontrado indicios suficientes para investigar presuntos delitos de acoso sexual, laboral y revelación de secretos contra el alcalde de Móstoles y el Partido Popular. La causa, derivada de un escrito de casi cien páginas, avanza y cita a la denunciante.

El pacto de Extremadura no es un simple arreglo regional: obliga a leer en clave nacional. Al aceptar cuatro presupuestos y ceder en medidas ideológicas, Vox deja de ser lo imprevisible y emerge como socio con capacidad de estabilidad.

El Gobierno ha convertido la compasión en decreto y el decreto en atajo. Regularizar en masa sin orden ni control es legitimar el caos y condenar a España a pagar las consecuencias.

La marcha del concejal Pablo Alberto Ruiz Sánchez, tras denunciar indicios de corrupción investigados judicialmente, convierte el que fue bastión de Vox en un territorio en descomposición política.

El Partido Popular registra una iniciativa en la Cámara Alta para obligar al Ejecutivo a constituir una comisión que incluya a las asociaciones militares acreditadas y evitar agravios comparativos en el reconocimiento de los militares como profesión de riesgo.