Rigor o caos: la regularización que exige garantías

El Consejo de Estado ha hablado con la contundencia que imponen los hechos. En su informe sobre el proyecto extraordinario de regularización de migrantes reclama al Gobierno lo que toda administración seria debe exigir: máxima prioridad a la rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países y la supresión de excepciones que debiliten esa exigencia.

No es quasirreligión burocrática: es prudencia. El órgano consultivo subraya que el procedimiento «deberá quedar en suspenso» cuando no se disponga de informes sobre el historial delictivo del solicitante. Y advierte del choque entre esa exigencia y la redacción actual, que permite proseguir el trámite con una mera declaración responsable sobre la inexistencia de antecedentes. ¿A quién beneficia la laxitud? A nadie decente; perjudica a la seguridad jurídica y pone en riesgo la integridad del proceso.

El Consejo desmonta dos excepciones proponiendo su eliminación. La primera, eximir de presentar antecedentes a quien alega haber permanecido cinco años en España; la segunda, aceptar como prueba una presentación previa de un documento que acreditara no haber cometido delitos. Ambas fórmulas, dice el informe, son endebles: la primera es prácticamente imposible de demostrar para personas que han permanecido irregularmente; la segunda puede dar lugar a comprobaciones tardías de conductas delictivas posteriores al documento aportado.

La disonancia entre la norma y la práctica es otra alarma sonora. El texto legal dispone que, si existen antecedentes susceptibles de cancelación en España, el interesado plantee la solicitud de cancelación al Ministerio de la Presidencia; el Consejo de Estado considera que tal exigencia no cuadra con la voluntad declarada de no exigir documentación ya en poder de la Administración y, además, amenaza con fracturar los plazos perentorios previstos: 15 días para la admisión y tres meses para resolver.

También se advierte sobre la validez de pasaportes o títulos caducados como prueba de permanencia. El Ministerio del Interior objetó su uso —y el Consejo le da la razón—pidiendo a Migraciones que excluya del proceso a quienes no cuenten con documentos en vigor. La administración, recuerda el informe, tiene la obligación de proporcionar documentación a quienes residan en España; exigir lo contrario es una quimera cuando se pretende tramitar, en tiempos brevísimos, una regularización masiva que se prevé de gran alcance.

La frontera entre regularización y protección internacional merece, para el Consejo, una línea clara: hay que excluir a quienes han pedido la apatridia y separar con nitidez a los solicitantes de asilo. El informe respalda las críticas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado sobre los efectos perniciosos de forzar a personas en búsqueda de protección a renunciar a procedimientos más garantistas para optar por una vía excepcional que podría ser denegada. No es una cuestión de papeleo: es la protección de derechos y la preservación de procedimientos distintos y no intercambiables.

Por último, el informe pone en cuarentena la externalización de tareas administrativas complejas: la participación de la empresa pública Tragsa debe circunscribirse a labores de gestión documental y canalización, meras colaboraciones instrumentales, y no a decisiones sustantivas. Asimismo, se pone sobre la mesa la idoneidad del uso de las oficinas de Correos para labores que requerirán capacidad operativa y garantías procesales.

El mensaje del Consejo de Estado es nítido y patriótico en sentido administrativo: regularizar no puede convertirse en improvisar. Cuando se gestiona la convivencia de todos, la prudencia y el rigor no son meros tecnicismos, son obligaciones. El Gobierno dispone ahora de un informe que no admite complacencias: o corrige las fisuras señaladas o el proceso, tal y como está diseñado, arriesga a producir resultados contrarios al interés público y a la seguridad jurídica que debemos preservar.