Cuando la ikurriña se convirtió en trampa mortal

La historia no admite eufemismos. En los primeros años de la Transición, cuando la ikurriña aún no estaba legalizada, ETA convirtió una enseña política en instrumento de muerte. La colocación de esas banderas no era un acto simbólico inocuo: era una trampa deliberada, diseñada para que las Fuerzas de Seguridad, obligadas por la legalidad vigente, acudieran a retirarlas y se encontraran con explosivos o con cables de alta tensión.

No hablamos de hipótesis, hablamos de hechos documentados. La organización terrorista adosaba bombas a las ikurriñas o las fijaba a líneas eléctricas con argollas metálicas; las banderas eran, con intención calculada, cebos mortales. Los mandos policiales lo sabían y estaban airados: era mandar a sus hombres a una operación de riesgo seguro, una tarea con la muerte acechando entre los hilos metálicos y los paquetes cargados de odio.

El caso del guardia civil Miguel Gordo García lo resume todo con brutal claridad. Técnico en desactivación de explosivos, veterano en retirar ikurriñas adosadas a cargas, subió a una plataforma en Baracaldo para arrancar una bandera colocada en un cable de alta tensión. Al intentar cortar la argolla que unía la ikurriña al cable fue alcanzado por una descarga eléctrica y murió. Sucedió un día de 1976, frente al edificio de Telefónica en la calle León. Gordo, natural de Villabrán de Cea, casado y padre de un niño de seis años, había sido encargado de retirar las banderas con explosivos en Vizcaya durante la semana previa.

La muerte de Gordo no fue un incidente aislado: con su fallecimiento se elevó a cinco el número de guardias civiles asesinados en circunstancias semejantes en apenas seis meses. En un fin de semana se colocaron al menos diez ikurriñas en las tres provincias vascas, algunas con explosivos reales, otras con simulados y varias unidas a cables de alta tensión. Veinticuatro horas después del fallecimiento de Gordo, otra bandera apareció en la parte vieja de San Sebastián, esta vez con una inscripción firmada por ETA y unida por cables a dos paquetes, uno de ellos con un potente explosivo.

Es preciso recordar los hechos con la firmeza que exigen quienes sacrificaron su vida por cumplir la ley: la ikurriña sería legalizada en enero de 1977, pero hasta entonces la obligación de retirar esos símbolos convirtió la tarea policial en una operación de vida o muerte. No es retórica; son las vidas rotas, los entierros, las familias que quedaron atrás —como la viuda de Gordo y su hijo pequeño— lo que obliga a llamar a las cosas por su nombre.

Recordar no es revivir rencores: es honrar la verdad y la memoria de quienes dieron su vida enfrentando el terrorismo en cumplimiento del deber. La Transición tuvo sus luces, pero también tuvo sombras que se cobraron vidas. Negar o dulcificar esos hechos sería traicionar a quienes murieron por hacer lo correcto cuando la ley todavía exigía ese riesgo. Que quede constancia: la historia recoge, sin adornos, cómo la violencia instrumentalizó hasta una bandera para matar.