Sanidad contra rebajas fiscales: la batalla que abre la campaña andaluza

La política vive de gestos y de números. María Jesús Montero ha elegido ambos: gesto de retorno a la gestión sanitaria y números contundentes para medir la ambición. Desde Cádiz, la secretaria general del PSOE-A ha lanzado un plan que pone en el centro la recuperación de la sanidad pública andaluza: eliminar las demoras para acceder al médico de cabecera, al especialista y a los quirófanos en los primeros seis meses de un eventual gobierno socialista. Es una promesa sellada con cifras: 3.000 millones de euros anuales destinados exclusivamente a Sanidad, vinculados —según Montero— a los 5.700 millones que corresponderían a Andalucía bajo el nuevo modelo de financiación autonómica que ella impulsó cuando fue ministra de Hacienda y que el PP andaluz rechazó.

No es una propuesta menor por su audacia, sino por el contexto que la acompaña. Montero apela a la memoria: fue consejera de Salud entre 2004 y 2013 y reivindica los avances de aquellos gobiernos socialistas que, dice, desplegaron una sanidad pública universal y vertebradora. Y convoca a los ciudadanos a traducir en urnas la frustración acumulada por un sistema cuyo valoración, recoge el propio artículo, es la peor de España según el último Barómetro del CIS. El diagnóstico es claro y la llamada a la movilización, nítida: si el 17 de mayo la gente acude, la sanidad pública se podrá recuperar.

La réplica del presidente Juan Manuel Moreno no se ha hecho esperar: en Granada presentó una nueva rebaja fiscal —la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, citada inicialmente en el texto en un 99% y, en otro pasaje del mismo artículo, referida como bonificación del 90%— como contrapeso al llamado Plan Montero. Moreno ha venido acumulando rebajas fiscales durante la legislatura y enmarca esta medida en esa lógica, defendiendo sus efectos sobre las donaciones inmobiliarias y cargando la responsabilidad del debate contra el Gobierno central y contra los supuestos bulos sobre la gestión sanitaria. El presidente también ha sacado a relucir cifras de periodos anteriores: recordó el despido de 7.700 trabajadores sanitarios y el recorte de 1.700 millones de euros, argumentos que buscan reconstruir una narrativa alternativa sobre el estado del sistema.

La confrontación es nítida: por un lado, un paquete de recursos públicos reclamando recuperar tiempos de espera y capacidades; por otro, una respuesta basada en alivios fiscales para intentar neutralizar el desgaste político que genera la sanidad. Ambos bandos se apoyan en memoria y números —la herida social evocada por los movimientos de Spiriman, el rechazo del PP al modelo de financiación que prometía 5.700 millones, el dato del CIS— y ambos apelan a la razón última de la política: ganar la confianza de un electorado que decidirá, el 17 de mayo, si convierte la sanidad en referéndum.

Quedan semanas de campaña y el pulso ya está marcado: promesas de reconstrucción pública frente a ofertas de menor presión fiscal. No se trata solo de contraponer eficiencia o redistribución, sino de dirimir prioridades y de preguntar a la ciudadanía qué proyecto de comunidad desean sostener. Ese será el verdadero examen: si la sanidad es la prioridad colectiva, o si las rebajas tributarias marcan el paso del futuro inmediato de Andalucía.