Exigir responsabilidad: Navantia, listas negras y la obligación de la Administración

Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de Podemos, ha plantado el dedo en la llaga: Navantia le negó el acceso a sus instalaciones en San Fernando (Cádiz) cuando acudió, en calidad de representante pública en el Parlamento Europeo, a observar la situación de dos sindicalistas del Metal que llevan días acampados en protesta.

No hay lugar para eufemismos. Montero relata que los trabajadores llevan cuatro días encaramados a una grúa, “durmiendo en hierros y sin una miserable esterilla”, y que la empresa —de titularidad 100% pública y dependiente en última instancia del Ministerio de Hacienda— les ha cortado la luz, impidiéndoles incluso cargar sus móviles. Hechos concretos que obligan a preguntar a las autoridades correspondientes por su responsabilidad.

La eurodiputada no solo exigió entrar para verificar en ejercicio de sus funciones de observación, sino que recriminó al director de Navantia el impedimento que le opusieron. No se trata de meras formalidades protocolares: impedir la observación pública cuando hay denuncia de vulneración de derechos sindicales es un gesto que interpela al Estado y a sus órganos de control.

Montero lanzó un reto directo a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España: ¿no hay nadie que pueda levantar un teléfono para poner fin a las listas negras? Exige, con razón expresada en términos nítidos, que se acaben las listas negras, que Navantia cumpla la ley, que no se impida la contratación de quienes ejercen sus derechos y que se garantice el respeto a la Constitución.

Acompañando a la representante pública, estuvo Diego Rodríguez, de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM). Desde esa organización se sostiene que las listas negras existen en las subcontratas y que, además, “Navantia también tiene sus listas negras”, impidiendo la entrada a trabajadores concretos. En este caso se han nombrado a Manolo y Jesús como los sindicalistas a quienes, según la CTM, se les niega la entrada por decisión de la empresa.

Los hechos expuestos —la negativa de acceso a una eurodiputada en funciones de observación, la protesta visible de sindicalistas en una grúa, el corte de suministro eléctrico a los acampados y las denuncias de listas negras— son insumos suficientes para que las administraciones públicas llamadas a velar por el cumplimiento de la ley actúen con diligencia. Que la empresa sea de titularidad pública añade una carga de responsabilidad política y jurídica que no admite demoras ni tibiezas.

No es cuestión de retórica: es cuestión de hechos y de deberes institucionales. La Justicia, la inspección laboral y las autoridades políticas tienen ante sí la obligación de verificar, sancionar si procede y, sobre todo, garantizar que en una empresa pública no se vulneren derechos fundamentales ni se impida la observación democrática. La petición de Montero exige respuesta. La ciudadanía, los trabajadores y la propia dignidad institucional la reclaman.