Política española

En Andalucía se libran, en pocos días, dos maneras opuestas de entender la política: Moreno despliega intimidad y autopromoción; Montero busca arrope institucional y movilización por la sanidad.

En el primer juicio del caso Koldo, un acusado dibujó un cuarteto que incluye al presidente y a su entorno sin aportar pruebas verificables; la ley permite hablar, no obliga a probar.

Alejarse del banquillo, negar la relación con la contabilidad de Bárcenas y poner en tela de juicio los SMS: la defensa de Jorge Fernández Díaz exhibe estrategia para desacoplar su destino del resto de los procesados.

El paisaje político muestra desbarajuste: disputas internas, vetos cruzados y el espectáculo de los juicios que sustituyen al debate parlamentario.

La regularización extraordinaria ha encendido la esperanza de temporeros y refugiados; la trampa no son ellos, sino certificados farragosos, consulados colapsados y el mantra de la ‘prioridad nacional’.

Cuando un delincuente imagina un escondite perfecto, hay un equipo en la Policía Nacional cuya misión es demostrarle que la perfección no existe. El Goit desbarata ocultamientos, desde cadáveres hasta millones emparedados.

Un gol sobre la bocina y la férrea intervención de Álvaro de Hita sostuvieron al Cajasol Ángel Ximénez ante un Horneo BM Alicante que rozó la victoria. Así se escribe la intensidad de la Asobal.

En la Puerta del Sol hubo un silencio calculado: Isabel Díaz Ayuso rehuyó su habitual estridencia para no distraer la carrera de Juanma Moreno rumbo al 17‑M.

Lo que fue una alianza por interés mutuo hoy se convierte en competencia por voto. Los aliados del Gobierno procuran separar su marca mientras la Moncloa resiste y cuenta 62 iniciativas aprobadas.

En municipios socialistas se impone un giro punitivo en seguridad e inmigración; en el Govern se amortiguan tonos. La grieta entre alcaldes y dirección amenaza coherencia y estrategia electoral.

Los indicios aportados en el juicio y la declaración de Víctor de Aldama amplifican la sospecha de una posible financiación irregular del PSOE. La comparecencia de Ábalos, con una acusación que arrastra hasta 24 años de pena, será decisiva para despejar o agrandar la sombra.

El escándalo de las mascarillas —53 millones desviados— y la declaración de José Luis Ábalos ante el Supremo obligan a mirar sin complacencias quién tomó decisiones en marzo y abril de 2020.