El Gobierno entrega más poder a los estudiantes: ¿reforma o voluntarismo institucional?

El Ejecutivo ha decidido mover ficha y lo ha hecho con un lápiz de trazos gruesos. El borrador del real decreto del Estatuto del Estudiante Universitario, rubricado desde el Ministerio de Diana Morant, no es una simple puesta al día técnica: amplía derechos, desplaza competencias y reconoce por primera vez un derecho hasta ahora no explicitado en el marco universitario: la huelga académica.

No invento. Lo que entienden por "programación docente" —los contenidos que se imparten cada curso, las metodologías, la evaluación, la dotación de profesorado y los recursos— dejará de ser un asunto exclusivo de departamentos y centros para requerir la aprobación de órganos en los que debe existir representación estudiantil. Es decir: los alumnos pasan de ser informados con antelación a tener un órgano que, como mínimo, debe ser oído y que, según el texto, participará en su aprobación. Cambio de calado en las prácticas universitarias.

El decreto no surge de la nada: deroga una norma de 2010, aprobada bajo el ministro Ángel Gabilondo, y desarrolla derechos introducidos por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de 2023. No se trata, por tanto, de pura innovación retórica, sino de un proceso legislativo acumulativo que ahora concreta atribuciones y procedimientos.

Entre las novedades más relevantes figura la explicitación del derecho de los estudiantes a ser oídos y a intervenir en la elaboración o modificación de normativa que les afecte, así como en los procesos de gestión de la calidad académica. Y, con ello, la legitimación del paro académico: el derecho de huelga estudiantil se reconoce y las universidades deberán elaborar condiciones y procedimientos para su ejercicio y declaración, que corresponderán al órgano de representación del estudiantado. Eso sí: el respeto al derecho de quienes deseen asistir a clase queda expresamente contemplado.

A cambio de mayor protagonismo, los estudiantes verán reforzada su vinculación con el Gobierno: el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado pasa de ser un órgano de deliberación y consulta ante el Ministerio a definirse como "órgano colegiado del Ministerio de participación, deliberación y consulta del estudiantado". No es un matiz semántico menor: se refuerza la interlocución oficial.

El real decreto mira, además, la universidad actual con cifras en la mano. Señala que el alumnado privado ha pasado del 7% en 2000 al 29% en 2025/26; que más del 27% cursa estudios virtuales; que el número de alumnos extranjeros ha crecido un 30%; que la mayoría del estudiantado son mujeres (57%); y que se incrementan las matrículas en máster. Reconoce también la realidad de quienes compaginan trabajo y estudio, que alcanza el 30% en términos generales, y sube al 69% en máster y al 89% en doctorado.

El decreto aborda otros ámbitos sensibles: la inserción laboral —obligando a las universidades a facilitar indicadores de calidad académica y empleo—, la cotización a la Seguridad Social de las prácticas y la posibilidad de reconocer hasta seis créditos por actividades de participación social, cooperación, sostenibilidad y difusión científica y cultural.

La cuestión de la vivienda aparece, por primera vez en un texto de esta naturaleza, con un mandato explícito: las universidades deben promover alojamiento en condiciones de dignidad y suficiencia. Incluso se plantea que las becas valoren el coste de la vivienda y el diferente nivel del coste de la vida por provincias cuando el acceso a los estudios implique movilidad residencial.

Y, en un guiño a las nuevas formas de trabajo y estudio, se reconoce el derecho a la desconexión digital del estudiantado, equiparando una práctica que ya existía en el ámbito laboral.

Quedan preguntas que la letra del borrador no resuelve por sí sola: cómo convivirán los nuevos mecanismos de decisión estudiantil con la autonomía académica de departamentos y profesores; cómo se articularán garantías para quienes deseen seguir asistiendo a clase durante paros académicos; y de qué manera las universidades deberán armonizar la obligación de promover vivienda con realidades presupuestarias y urbanísticas distintas por provincias. Son cuestiones prácticas que demandarán reglamentos y concreciones posteriores.

La reforma dibuja una universidad más participada por los alumnos y más consciente de la diversidad de realidades estudiantiles. Es una apuesta por ampliar derechos y por adaptar normas a cambios demográficos y tecnológicos constatados. Pero también es una transformación de equilibrios internos: cuando los estudiantes adquieren mayor capacidad de influencia sobre la programación docente y sobre la legitimidad del paro, se altera el mapa clásico de responsabilidades académicas. El futuro inmediato exigirá prudencia, normas claras y procedimientos que preserven la calidad educativa y la libertad de quienes enseñan y de quienes quieren aprender.