La patria debe recordar: Orduña devuelva a Eusebio Moreno a su familia

Hay gestos que son a la vez alivio y reproche. El 22 de abril, 85 años después de su detención y muerte en el penal de Orduña, Casimira Moreno —con noventa años y acompañada por sus hijos— recibió los restos de su padre, Eusebio, entregados por la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. Lo enterraron en Carabanchel junto a su esposa Blasa. Esa escena debería leerse como una victoria tibia y como una acusación clara contra el olvido.

La biografía de Eusebio, tal como la relata su familia y la reconstruyen los archivos, no admite adornos: detenido el 31 de enero de 1940 cuando su hija no llegaba a los cuatro años, trasladado desde Peñalsordo (Badajoz) en condiciones infrahumanas, y muerto oficialmente de "neumonía" el 9 de marzo de 1941 en Orduña. Tenía 40 años. No hay declaración heroica ni archivo de campaña: la familia siempre sostuvo que no tenía significación política; la acusación oficial fue, según el relato familiar, el robo de un caballo que en realidad había sido solicitado por su patrón. Esa contradicción interpela a la justicia histórica.

Los hechos documentados por el Memorial Gogora y por la investigación periodística e histórica no son datos fríos: Gogora ha identificado ya a 30 presos procedentes de otras comunidades que fueron trasladados a Orduña y allí dejaron morir, sobre todo extremeños y manchegos. El penal, que funcionó entre 1939 y 1941 —antes, entre 1937 y 1939, campo de concentración— fue el centro penitenciario vasco con mayor número de presos muertos procedentes de otras regiones. Alberto Alonso, director de Gogora, subraya que muchos fueron enterrados en el cementerio municipal y cubiertos por nuevos nichos, olvidados durante décadas. Hoy Orduña lidera el porcentaje de identificaciones en Euskadi.

Los testimonios y la investigación de Joseba Eguiguren trazan un patrón macabro: jornaleros, sindicalistas, personas detenidas tras el final de la guerra, muchas acusadas de rebelión militar, transportadas en condiciones infames en trenes de ganado, hacinadas, sin ropa, mal alimentadas, expuestas a inviernos crueles y utilizadas como mano de obra forzada por el Ayuntamiento y propietarios afines al régimen. Eguiguren certifica, a través del Registro Civil, 225 presos fallecidos en Orduña: 24 en la etapa de campo de concentración y 201 como penal; 171 procedían de Extremadura, 41 de Castilla-La Mancha, 22 de Andalucía y otros lugares. En marzo de 1941, cuando murió Eusebio, se registraron 38 defunciones; la mayoría por avitaminosis, aunque los certificados oficiales invocaban causas como ataque al corazón, embolia cerebral o neumonía para ocultar la desnutrición.

No es anecdótico que la investigación que desenmascaró estas prácticas tardara años en ver fruto: Eguiguren inició sus pesquisas en 2008 y publicó en 2011 los nombres de los 225 fallecidos. Aquella publicación abrió el debate que llevó a una resolución municipal en 2012 que reprobó el uso de mano de obra esclava y pidió perdón por las condiciones infrahumanas. Fue ese marco —y la acción de equipos como Aranzadi— el que permitió localizar en 2014 las primeras fosas con víctimas enterradas ordenadamente a la entrada del cementerio municipal. Lo que parecía enterrado en vida empezó a resucitar en los archivos y en la tierra.

La entrega de los restos a la familia de Eusebio es, por tanto, un acto de reparación simbólica y humana que la sociedad debía a los sobrevivientes y a las familias. Pero es también un recordatorio incómodo: las políticas de memoria no son un gesto ornamental ni una concesión pasajera; son una obligación histórica. Cuando la Administración identifica restos, realiza pruebas de ADN y devuelve nombres a quienes los reclamaban, cumple con la dignidad básica de las personas, con la verdad que la ausencia de memoria subvertía.

Que Casimira pueda ahora decir "siento mucha paz" y llevar el anillo de su padre recogido con sus restos no debe bastar como cierre. La historia de Orduña, documentada y dictada por cifras y testimonios, exige que la nación entera atienda su deuda con quienes murieron lejos de su tierra, con familias que durante décadas vivieron en la incertidumbre. Recordar no reescribe el pasado; lo pone frente al espejo y obliga a aprender. Si la patria se enorgullece de sí misma, que lo haga también por su coraje para enfrentar lo que pasó y reparar lo que aún puede repararse.