EE.UU.

El Departamento de Defensa de EE. UU. solicita US$200.000 millones al Congreso mientras el conflicto entra en su cuarta semana y la factura ya suma miles de millones.

Niños filmados para conmover al mundo, familias que no ven un centavo y millones aparente-mente recaudados que desaparecen: la estafa expuesta por la BBC es una afrenta a la decencia pública.

Tres semanas de guerra conjunta con Israel han dejado un paisaje de mensajes contradictorios: promesas de desescalada que conviven con nuevas fuerzas desplegadas y amenazas públicas de ataque.

Colas de hasta cuatro horas, hasta 40% de ausencia de personal en algunos aeropuertos y la polémica orden de Trump de desplegar a agentes de ICE mientras los empleados de la TSA siguen sin cobrar.

El alza del crudo no es un premio limpio: favorece a productores con capacidad de sustitución y a rivales geopolíticos, mientras los consumidores estadounidenses cargan con la factura.

Un aterrizaje que terminó en tragedia. Dos pilotos muertos, decenas de heridos y un aeropuerto paralizado mientras la investigación busca explicaciones.

El presidente de EE. UU. proclama haber entablado “muy buenas y productivas conversaciones” con Irán y pospone ataques, pero el gobierno iraní niega negociaciones en curso.

Ciento cincuenta militares españoles, una batería Patriot y el destructor Oscar Austin han sido piezas clave en la defensa aliada frente a los lanzamientos diarios desde Irán. Trabajo discreto, riesgo real.

Un mercado millonario de predicciones ha normalizado apostar sobre elecciones, movimientos militares y hasta la muerte de líderes. Es hora de preguntar quién controla ese juego.

Frente a misiles contra aeropuertos, hoteles e instalaciones energéticas, los países del Golfo optan por la contención: calculan vulnerabilidad, dependencia y riesgo antes que venganza.

Operadores colocaron cientos de millones en contratos de petróleo justo antes del tuit presidencial que hundió los precios. Los datos muestran un pulso de información que requiere respuesta.

El juez Hellerstein reconoció el derecho a una defensa adecuada, mientras fiscales y abogados se enzarzan sobre si el erario venezolano puede sufragar los honorarios en medio de sanciones y una revocada licencia del Tesoro.