Veintidós muertos en 2025: la grieta entre seguridad y responsabilidad

El dato oficial no admite eufemismos: 22 personas murieron en el transcurso de actuaciones o intervenciones policiales durante 2025. Es la cifra más alta en seis años y forma parte de un saldo que, desde 2020, alcanza las 77 muertes reconocidas por el Ministerio del Interior.

No son cifras abstractas: entre esos 22 fallecidos aparecen casos concretos que desgarran la complacencia. Haitam Mejri murió el 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos mientras cinco policías intentaban reducirle con el apoyo de pistolas eléctricas. En El Casar de Escalona un presunto narcotraficante perdió la vida en un enfrentamiento a tiros con GEO. En Ibiza, Michele Noschese, conocido como DJ Godzi, murió tras ser reducido por la Guardia Civil en un incidente con un cuchillo. Y en Linares la Policía abatió a un hombre que disparaba a viandantes.

Interior clasifica estas muertes bajo distintos epígrafes: una como suicidio, nueve como “muerte natural” —entre ellas la de Mejri, tras una autopsia que atribuyó el fallecimiento a un “delirio agitado” por consumo de drogas y que llevó a una jueza a archivar provisionalmente la causa— y una docena como “muertes accidentales”, categoría amplia que engloba tiroteos, persecuciones y caídas durante fugas. La vía pública fue el escenario más frecuente (10 casos), seguida de viviendas (4), control policial, establecimientos públicos, hospitales y aguas territoriales.

Son, además, mortalidades que se repiten en el mar: las persecuciones a narcolanchas han dejado en estos años un goteo de muertes. Desde 2020 la estadística del Ministerio contabiliza una decena de incidentes en aguas con 11 fallecidos, y solo un ejemplo reciente y trágico recuerda la alta peligrosidad de esas operaciones: en febrero de 2024 dos guardias civiles murieron tras ser embestida la embarcación en la que viajaban por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz).

También hay otros datos que no pueden soslayarse: de las 77 muertes en seis años, 43 ocurrieron durante operaciones de la Policía Nacional y 34 en la Guardia Civil. La estadística, eso sí, no incluye fallecimientos en actuaciones de la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra ni de policías locales. Y, pese a la petición expresa del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, la respuesta parlamentaria no detalla el estado actual de las investigaciones judiciales abiertas en cada caso.

Frente a las cifras, las voces de los agentes piden contexto y recursos. Ana María Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, advierte que no es razonable analizar el incremento de forma simplista: muchas intervenciones son complejas, con alto nivel de violencia, agentes que se enfrentan a personas armadas o en estados de alteración extrema. Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, rechaza que la responsabilidad se reduzca al criterio individual del agente y subraya el crecimiento de la violencia contra las fuerzas. Salardón advierte, además, de la escasez de pistolas eléctricas en el instituto armado: 390 frente a las 3.000 de la Policía Nacional, según otra respuesta parlamentaria.

Este cuadro obliga a dos exigencias incompatibles entre sí: por un lado, proteger con medios y formación a quienes deben garantizar la seguridad; por otro, asegurar transparencia, investigación y responsabilidad cuando hay vidas que se apagan en el marco de una actuación policial. No puede haber normalización de la muerte ni excusas burocráticas que diluyan respuestas.

Las cifras de Interior piden claridad judicial y administrativa. Cada caso es una persona, cada expediente una obligación del Estado: explicar, juzgar si procede y aprender. Gobernar la seguridad pública exige, simultáneamente, equipamiento adecuado, protocolos que reduzcan el daño y procedimientos independientes que ofrezcan verdad a las familias y a la sociedad. No hay patriotismo que valga sin ese compromiso con la vida y la justicia.