Un túnel en el Tarajal: la frontera que alguien quiso perforar para la impunidad

El hallazgo en una nave del polígono del Tarajal no es una metáfora: es un agujero literal junto al muro que separa Ceuta de Marruecos. Un pasadizo subterráneo descubierto por la Policía Nacional en el transcurso de un operativo que ha movilizado a más de 250 agentes, con 15 detenidos y 29 registros, y que arroja luz sobre la logística de una organización dedicada al tráfico de hachís.

Los hechos son tozudos y hablan por sí solos. La galería, descrita por fuentes policiales como similar a una gran tubería enterrada, se localizó en la parte trasera de una nave cuya fachada da al vallado fronterizo. En su inspección trabajaron bomberos para achicar agua y la Policía empleó un dron para revisar cubiertas y franja próxima. Todo apunta a una obra pensada para ocultar el tránsito de mercancía bajo la frontera, pero la conexión efectiva con territorio marroquí permanece como hipótesis de trabajo: no ha sido confirmada oficialmente.

¿Qué revela este golpe? Que no estamos ante meros almacenajes improvisados, sino ante una infraestructura diseñada —según la versión policial— para importar toneladas de hachís con seguridad y continuidad. La investigación, abierta judicialmente desde hace algo más de un año, ya permitió interceptar 15.000 kilos en Almería y localizar una red con base en Ceuta y ramificaciones en Andalucía y Galicia, con apoyos logísticos que incluyen una amplia flota de vehículos y comunicación sofisticada.

La gravedad aumenta si se considera la ubicación: una salida hipotética, según fuentes, estaría junto a garitas bajo control de las fuerzas auxiliares marroquíes y la Gendarmería Real. Si se confirmara una desembocadura operativa en Marruecos, el hallazgo no sería solo un golpe policial; sería la constatación de un andamiaje transfronterizo que explota la proximidad y la vigilancia permanente para burlar controles.

La operación ha dejado además interrogantes que claman por respuestas claras: ¿era ese pasadizo una galería aislada o la pieza de una red subterránea mayor? ¿qué grados de connivencia o vulnerabilidad han permitido este tipo de obra junto al vallado? Entre los arrestados figuran, según fuentes, dos guardias civiles —uno destinado en Ceuta y otro ya jubilado detenido en la Península—, dato que obliga a una aclaración institucional y procesal sin dilaciones.

La Policía incautó cerca de 1,5 millones de euros y 66 equipos de comunicación, cifras que ilustran la dimensión económica y operativa de la trama. Pero más allá del dinero y de los 15 detenidos, lo que hay que subrayar es la audacia de quienes levantaron una vía subterránea junto a la frontera y la necesidad de que las investigaciones —policiales y judiciales— despejen cuánto de esa audacia nació de la impunidad o de la complicidad.

No es momento de conjeturas ni de atribuciones temerarias: los hechos recogidos por la investigación hablan de una infraestructura «amplia y compleja» que ha sido objeto de intervención. La ciudadanía exige y merece que las instituciones actúen con firmeza, que se esclarezcan vínculos y responsabilidades, y que la frontera deje de ser un punto vulnerable para el crimen organizado. Porque la seguridad no admite paños calientes cuando quienes operan lo hacen desde la sombra y bajo tierra.