Sin contemplaciones: reforzar las cárceles es defender a la nación

El Ministerio del Interior ha decidido no dejar nada al azar. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias impartió el pasado viernes instrucciones claras y urgentes: desde el 27 de marzo y hasta el 7 de abril los centros penitenciarios deben extremar las revisiones periódicas de sus sistemas de seguridad. No es una ocurrencia; es una respuesta administrativa a riesgos concretos: fugas de reclusos y la entrada de droga y objetos prohibidos.

En fechas de intensa movilidad social —la Semana Santa, dicen los documentos— la vigilancia exterior y la coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado adquieren carácter de prioridad. Los directores de las cárceles están llamados a despachar diariamente con el jefe de seguridad exterior para sincronizar labores, establecer pautas de revisión y detectar cualquier deficiencia. España está en nivel 4 de alerta antiterrorista; ese dato figura en la instrucción y obliga a extremar la atención en accesos, perímetros y aparcamientos.

Dentro del penal, las instrucciones reclaman controles férreos: las llaves que abren dependencias comunes no deben salir nunca de manos del funcionario; las celdas, los comedores, las salas de televisión y otros espacios deben ser revisados al menos dos veces por semana —y a diario cuando las circunstancias lo exijan—; los elementos estructurales han de verificarse para detectar manipulaciones destinadas a ocultar objetos, sustraer piezas o facilitar una evasión.

No son advertencias teóricas: la historia reciente obliga a actuar con severidad. El documento recuerda la fuga de diciembre de 2020 en Valdemoro, protagonizada por Jonathan Moñiz Alcaide, 'El Piojo', y su hermano Miguel Ángel, que aprovecharon el acceso a una dependencia común para evadirse tras copiar una llave. También rememora la fuga de diciembre de 2024 en la prisión de Picassent, donde dos reclusos forzaron barrotes, se hicieron con una cuerda de sábanas y sortearon un portón. Y subraya otra tragedia: en febrero de 2024, Dilawar Hussain Choudhary utilizó una pesa del gimnasio en Estremera para acabar con la vida de su compañero de celda.

La amenaza de los drones merece mención aparte. Las instrucciones constatan la utilización de estos ingenios para introducir estupefacientes, teléfonos y otros objetos prohibidos, dejándolos caer en patios y espacios comunes. Por eso se exige una revisión exhaustiva de los patios antes de cada apertura, tanto por la mañana como por la tarde, para detectar cualquier anomalía antes de que los internos salgan al exterior.

Asimismo, las dependencias modulares —gimnasio, taller, sala de lectura— deben verificarse punto por punto: presencia de elementos, estado y posibles sustracciones. En el control de barrotes se ordena comprobar fehacientemente que no hayan sido serrados o manipulados y retirar cualquier elemento que dificulte la inspección.

Todo ello configura un mensaje nítido: no se negocia con la seguridad. Las prisiones no pueden convertirse en vías de suministro de droga ni en talleres de fuga. Cuando el riesgo es real y las lecciones del pasado están sobre la mesa, la obligación del Estado es cerrar las rendijas, coordinar fuerzas y actuar con firmeza. Proteger los muros es proteger a la sociedad; la prudencia hoy evita desgracias mañana.