Roquetas: la barbarie en una vivienda que traficaba y torturaba

La noticia es dura y fría: en Roquetas de Mar, una vivienda que funcionaba como punto de venta de drogas fue escenario de una retención durante 13 días en la que una persona fue dopada con estupefacientes y fármacos hasta perder la capacidad de resistencia. Siete vecinos de la localidad, con edades comprendidas entre los 18 y los 62 años, han sido detenidos por la Guardia Civil en la Operación Legartia.

No hablamos de una reyerta callejera ni de un hurto oportunista. Durante casi dos semanas, los investigados sometieron a la víctima a un tratamiento deliberado para anular su voluntad y procedieron a extraerle dinero de forma sistemática: más de 170 disposiciones y transferencias, usando métodos que incluían bizum y hall-cash, que sumaron 40.000 euros sustraídos de sus cuentas.

La operación policial no solo puso fin a la retención; en los registros domiciliarios se localizaron dosis de anfetamina y base de cocaína, así como cápsulas de metadona y trazodona. También aparecieron un arma de aire comprimido, una defensa extensible y armas blancas de gran tamaño —machetes y maras— que dibujan la fisonomía de un grupo que combinaba el tráfico de estupefacientes con la violencia y la intimidación.

Además, entre los efectos intervenidos figuraban numerosos materiales robados —aparatos de aire acondicionado, sanitarios, herramientas— que ya han sido reconocidos y devueltos a su legítimo propietario. Los siete arrestados, hombres y mujeres de Roquetas, se investigan por pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación y blanqueo de capitales.

La investigación, que se abrió en octubre y sigue abierta para localizar a otros posibles implicados y determinar la procedencia de más efectos recuperados, desnuda un problema que no es solo policial sino social: cuando hogares se transforman en centros de venta de droga y en mazmorras privadas, la seguridad ciudadana y la dignidad humana quedan gravemente heridas.

Es imprescindible que la respuesta del Estado sea firme: perseguir a los culpables, desarticular las redes y devolver la tranquilidad a los vecinos. Que la investigación continúe hasta aclarar todos los flecos y llevar ante la justicia a quienes con violencia y engaño expoliaron a una persona y mancillaron la convivencia.