Regularizar aquí y expulsar allá: la tormenta que el Gobierno ha desatado en Europa

La pretensión del Ejecutivo de iniciar una regularización masiva en abril —con plazo límite de solicitud hasta el 30 de junio y un posible alcance de entre 500.000 y 800.000 personas— ha puesto en evidencia un choque inevitable entre soberanía nacional y responsabilidad comunitaria.

Magnus Brunner, comisario de Asuntos de Interior y Migración, no anduvo con eufemismos ante EL MUNDO: un permiso de residencia expedido por España "no otorga autorización para establecerse en cualquier lugar de la UE" y, si quien lo obtiene es hallado en situación irregular en otro Estado miembro, deberá regresar a España. Son palabras de brújula legal en un espacio sin fronteras interiores: el permiso nacional sirve para vivir y trabajar en el Estado que lo emitió, no para circular impunemente por todo el territorio comunitario.

La advertencia de Bruselas tiene fundamento y horizonte político. La Comisión recuerda que, pese a que la regularización es una decisión nacional, sus consecuencias no se evaporan en la frontera: "podría suponer un problema para los demás Estados miembros si, por ejemplo, esa persona se da a la fuga", dijo el comisario. Esa imagen —la de un permiso convertido en fuga hacia otros países— explica el celo con el que se vigilarán los efectos de la medida española.

No es una disputa aislada ni un rifirrafe retórico: hay una presión política que ha endurecido la postura comunitaria. En la cumbre del PPE en Zagreb, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trasladó a la presidenta de la Comisión su preocupación y logró que la crítica a la "legalización masiva" quedara reflejada en las conclusiones del Partido Popular Europeo. Ese gesto político ha calibrado el tono de quienes en Bruselas exigen garantías de que las decisiones nacionales no perjudiquen a otros Estados.

Y la divergencia no se agota en la regularización: España además se distancia de la mayoría de la UE al oponerse a los centros de deportación fuera de la Unión, una fórmula aprobada por el Parlamento comunitario y defendida por gobiernos como el de Italia y su primera ministra, Giorgia Meloni. Mientras la UE mueve pieza hacia acuerdos con terceros países para reforzar repatriaciones, España libra su propia hoja de ruta migratoria.

Todo ello plantea preguntas que no admiten consuelos: ¿cómo conciliar el ejercicio de una decisión soberana con la obligación de no generar externalidades en un espacio compartido? ¿Cómo coordinar migración, control fronterizo y responsabilidad compartida sin convertir permisos nacionales en quebraderos de cabeza transfronterizos? El calendario anunciado por Madrid —con inicio en abril que podría incluso retrasarse— y la cifra estimada de beneficiarios dibujan una operación de gran calado cuyos efectos no se limitarán al territorio español.

Que nadie busque atajos retóricos: la regularización es un asunto de Estado, pero también un asunto europeo. Si la intención del Gobierno es resolver un problema interno, debe hacerlo con la transparencia y las garantías que impidan trasladar el problema a otros. Bruselas ya ha dejado claro cuál será su papel: vigilar las consecuencias y exigir retornos si la norma comunitaria se ve vulnerada. A partir de ahora, la política migratoria española y europea están condenadas a entenderse —o a enfrentarse— en los hechos.