Protejamos a los menores: el Punto de Encuentro Familiar no puede estar lejos y desprotegido

La política municipal no puede convertirse en una excusa para abandonar a los más vulnerables. El PSOE ha tomado la iniciativa que exige la responsabilidad del equipo de gobierno del Partido Popular: defender en el pleno una declaración institucional que reclame el traslado del Punto de Encuentro Familiar a "una ubicación adecuada, ante las graves consecuencias que está generando su actual emplazamiento".

No son apreciaciones retóricas; son hechos de riesgo. La nueva ubicación en Urbanova está "alejada del núcleo urbano, a prácticamente 9 kilómetros", dispone de "una única línea de autobús con frecuencias de hasta 75 minutos" y, por tanto, obliga a muchas usuarias a medidas extremas: "sacar a sus hijos e hijas del colegio para poder llegar a tiempo a las visitas". Eso no es logística: es una carga añadida sobre las familias y una intromisión directa en la vida escolar de los menores.

Peor aún, la mala comunicación pública facilita coincidencias peligrosas: la escasa frecuencia del transporte "está provocando que, en muchos casos, coincidan en el trayecto con el progenitor, incluso cuando existe una orden de alejamiento". Cuando la administración traslada un servicio pensado para proteger y acompasar, y lo instala en un lugar que puede obligar a víctimas de violencia de género a cruzarse con sus agresores, ha roto su deber elemental de protección.

Tampoco sirven las apariencias: las instalaciones "no reúnen las condiciones necesarias para garantizar la separación, ya que en algunos casos un simple biombo actúa como única barrera". Un biombo no es seguridad; la supervisión profesional y la separación efectiva son requisito imprescindible de los Puntos de Encuentro Familiar, cuyo fin es garantizar "la seguridad y el interés superior del menor".

Por todo ello, la hoja de ruta propuesta por el PSOE es clara y proporcional: promover el traslado a una ubicación que cumpla la normativa vigente en accesibilidad y seguridad, que "proteja de forma efectiva a las mujeres víctimas de violencia de género" y que se ejecute "en un plazo máximo de tres meses". No son demandas ideológicas: son exigencias mínimas de sentido común y de deber público cuando están en juego menores y víctimas.

El Ayuntamiento tiene ante sí una decisión que revela prioridades: mantener un servicio esencial en condiciones que generan indignación, riesgo y trastorno educativo, o asumir la responsabilidad política de reubicarlo con prontitud. Defender el interés superior del menor y la seguridad de las mujeres no admite demoras ni eufemismos. Es hora de corregir la ubicación, no de normalizar una situación que vulnera derechos básicos.