Pedro Sánchez, asuma: la sanidad no puede quedar en manos de decretos y silencios

La protesta ya no admite eufemismos. Después de 16 jornadas de paro y más de dos semanas de movilización continuada —cuarta semana de huelga contra la reforma del estatuto marco— el Comité de Huelga ha decidido elevar la demanda al nivel que la situación impone: que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asuma el control de las negociaciones.

No se trata de un gesto ritual ni de una reclamación retórica. Los representantes del colectivo hablan de un "punto decisivo" y advierten que sin una negociación "real y efectiva" no habrá salida. Es la descripción cruda de un conflicto que ha superado las reuniones formales y que exige, según ellos, una decisión política que vaya más allá del despacho del Ministerio de Sanidad.

El Comité pone el foco en dos hechos incuestionables: que el origen del conflicto es un anteproyecto normativo impulsado sin negociación real con los profesionales y que, pese a las múltiples reuniones, no se han producido rectificaciones sustanciales. Esa falta de avances la interpretan como ausencia de voluntad política para reconducir la situación; y por eso reclaman la intervención directa del jefe del Ejecutivo: «es una cuestión de Gobierno», dicen, que afecta a la sostenibilidad del sistema y a la calidad asistencial.

La dura advertencia que lanzan no es hipérbole: "No habrá sanidad pública sin médicos, y no habrá médicos si se sigue legislando contra ellos". Con esa frase condensan lo que para ellos está en juego: no privilegios, sino condiciones dignas para ejercer la medicina con seguridad, calidad y estabilidad. Entre sus demandas figura la negociación directa con la Administración y el desarrollo de un estatuto propio para la profesión médica.

También cuestionan la capacidad de la actual ministra para liderar las acciones: alegan desgaste político, ausencia de capacidad efectiva de decisión y la evidencia de que el conflicto ha rebasado el ámbito ministerial. No piden sustituciones por capricho; reclaman interlocutores con mandato y recursos para desbloquear una negociación que, hasta la fecha, se muestra ineficaz.

La gravedad de la reclamación obliga a una reflexión clara: si las reglas de juego se diseñan sin contar con quienes deben ejecutarlas, el resultado será inevitablemente traicionero. El Comité ha optado por endurecer su postura con nuevas convocatorias y manifestaciones; el mensaje es nítido y urgente: o hay una negociación real, o el coste será para todos los ciudadanos que dependen del sistema público de salud.